Hay varios otros casos, en donde los fiscales actuaron de la misma manera para complacer a González Daher, según el fallo del Tribunal de Sentencia que lo condenó a 15 años de cárcel. La Fiscalía General cajoneó una auditoría a los fiscales y el Jurado de Enjuiciamiento enjuició a los más débiles y desvinculó a los “apadrinados”. Es una verdadera vergüenza.

A raíz del acuerdo entre RGD y Escobar Barboza, el juzgado de Garantías de Luque a cargo de Cecilia Ocampos Benedetti, por Auto Interlocutorio 974 del 7 de agosto de 2019 dispuso la suspensión condicional del procedimiento con reglas de conductas por dos años.

En la causa Andrés Manuel Gubetich Mojoli s/Estafa, a raíz de la denuncia de Ramón González Daher, el Ministerio Público a cargo de la fiscala Néstor Cañete, imputó el 22 de noviembre de 2018 y solicitó la rebeldía y orden de captura del denunciado. En el expediente judicial consta un recibido de dinero por la suma de G. 50 millones en concepto de segunda cuota de pago con relación a la escritura 160 del 24 de diciembre de 2018, entre el denunciado y la abogada Emma González, quien invocó la representación de RGD.

En el expediente caratulado “Carlos Alberto Meroi s/estafa”, la misma se formó a raíz de la denuncia de RGD y el fiscal Cañete imputó y solicitó la rebeldía del denunciado, de acuerdo a la imputación N° 43 del 23 de junio de 2017. En el expediente incluso consta un pedido de González Daher, que solicita que se pida informe a Migraciones para saber si el denunciado se encuentra o no en el país. Inclusive, vía juzgado, solicita que se libre una orden de captura internacional.

Cañete no fue confirmado en el cargo por la Corte, por lo que ante esta situación no puede ser sumariado por la Fiscalía General, ni tampoco enjuiciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Sin embargo, esto evidencia como el Ministerio Público se prestó a las maniobras de RGD para apretar a sus víctimas de usura y usó a la Fiscalía para imputar, acusar, pedir rebeldía y capturas.