Se trata de Hernán Ariel Leguizamón Roa y Adrián Ramón Cabral Candia, ambos señalados como miembros de la facción criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC).

El crimen ocurrió el 28 de febrero de 2024, aproximadamente a las 13:45, sobre la calle Arcadio Garay esquina Estrella, en el barrio San Isidro de Ciudad del Este. La víctima fatal fue Éver Antonio Castellani Aquino (41 años), un comerciante de joyas.

Según los antecedentes del caso, los ahora condenados llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta Kenton GTR de color rojo. Al percatarse de la actitud sospechosa de los desconocidos, Castellani Aquino intentó cerrar la puerta principal para evitar que ingresaran. Sin embargo, uno de los atacantes efectuó un disparo que atravesó la puerta y alcanzó al comerciante en el tórax, provocándole la muerte en el lugar.

Tras perpetrar el homicidio, los delincuentes ingresaron al local y se apoderaron de varias joyas que estaban en exhibición, además de dinero en efectivo guardado en una caja. Luego huyeron en la motocicleta, lo que motivó un operativo policial en distintos sectores de la zona.

Secuencia del asalto y homicidio de Ever Antonio Castellani Aquino, perpetrado el 28 de febrero pasado supuestamente por Hernán Ariel Leguizamón Roa y Adrián Ramón Cabral Candia, quienes fueron capturados por la Policía. Secuencia del asalto y homicidio de Ever Antonio Castellani Aquino, perpetrado el 28 de febrero de 2024, supuestamente por Hernán Ariel Leguizamón Roa y Adrián Ramón Cabral Candia.

Cerca de 30 minutos después, los sospechosos fueron localizados en el barrio San Miguel de Presidente Franco. Tras una persecución, abandonaron la motocicleta, pero finalmente fueron capturados por agentes policiales. Durante el procedimiento, se incautaron dos revólveres, el biciclo utilizado en el asalto, teléfonos celulares, cadenas de plata y otras evidencias vinculadas al hecho.

Pruebas determinantes para la condena

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó una serie de pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron reconstruir el crimen y demostrar la participación de ambos acusados. Entre las evidencias más relevantes figuraron las imágenes del circuito cerrado, que registraron la llegada de los atacantes y el momento en que se produjo el disparo mortal.

También declararon los agentes policiales que intervinieron en el procedimiento, mientras que las actas de intervención, el informe de Criminalística y el certificado de defunción reforzaron la acusación. El documento médico estableció que la víctima falleció a causa de un shock hipovolémico provocado por una herida de arma de fuego.

Los elementos probatorios fueron corroborados, además, por la declaración de la pareja de la víctima, lo que sustentó el requerimiento de la fiscala Claudelina Corvalán y permitió demostrar la responsabilidad de los acusados en el hecho.

La sentencia de 20 años de pena privativa de libertad fue dictada por un Tribunal de Sentencia presidido por el juez Serafín González e integrado por Fabio Aguilar y Vitalia Duarte.