La defensa, ejercida por el Abg. Paolo Francisco Ruffinelli sostuvo que el acta de imputación contiene “vicios sustanciales que comprometen las garantías constitucionales de mi representada” y en ese sentido, mencionó que el Art. 302 del CPP establece los presupuestos de la imputación fiscal, como la existencia de suficientes elementos de sospecha sobre un hecho punible y la participación de una persona determinada. 

Expuso que continuar el procedimiento sin resolver previamente los cuestionamientos esenciales contra el acta de imputación podría generar perjuicios procesales y comprometer derechos fundamentales. 

En su análisis, el juez Duarte afirmó que ha analizado previamente las formalidades antes de admitir la imputación formulada, considerando cumplidas las exigencias que dispone la norma.

A su criterio, no se verifican actos erróneos, omitidos o pasibles de nulidades absolutas o precisadas de saneamiento; también se verifica que todas las hojas de la imputación se encuentran firmadas, así como tampoco ha sobrepasado el límite del plazo razonable conforme al art 303 del CPP, sino, por el contrario, ha señalado la fecha de requerimiento conclusivo dentro del plazo previsto para la etapa preparatoria, teniendo en cuenta la naturaleza del hecho investigado. 

Bajo esas consideraciones, habiendo cumplido el acta de imputación con las exigencias establecidas en el Art. 302 del C.P.P., rechazó recurso y remitió el expediente al Tribunal de Apelación en lo Penal. 

La conocida empresaria es investigada por presuntamente ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 1.621 millones en su carácter de presidenta de la firma Monomisy S.A., empresa familiar, a causa de gastos espurios, impuestos no pagados, entre otros.