El juzgado advirtió que el cambio de celda del acusado se realizó pese a que una resolución había dispuesto expresamente su reclusión en el pabellón de máxima seguridad, el módulo N°8, irregularidad constatada luego de que la defensa solicitara informes técnicos y criminológicos, además de pedir el traslado del imputado al Centro Nacional de Prevenidos. 

Tras advertir esta alteración de su régimen de prisión, la jueza requirió informe de manera urgente al Interventor del Centro Penitenciario, que fue respondido mediante Oficio Electrónico N° 623 del 30/10/26 que confirmó que el citado interno efectivamente se hallaba en la celda N° 33 del Módulo 7 (alta seguridad) y que no contaban con datos sobre el acto administrativo que dispuso el traslado, en razón de que los antecedentes documentales fueron incautados por la fiscal Fabiola Sosa de Emboscada.

Montanía aseguró que el citado interno debe permanecer en el pabellón de máxima seguridad, considerando que el incoado constituía “un elemento clave e incluso fuente de información dentro de la investigación, así como a la necesidad de resguardar su integridad física, garantizándole la seguridad necesaria dentro del citado recinto penitenciario”.

Intimó al director de Institutos Penitenciarios y a las autoridades correspondientes a informar, en un plazo de 24 horas, el cumplimiento de la orden de retorno al Módulo 8 y advirtió que, de no hacerlo, remitirá los antecedentes al Ministerio Público por la presunta comisión del hecho punible de desacato.