La defensa sostuvo en su escrito que se considerara una eventual calificación de cobro indebido de honorarios, pese a que, según sostuvo, esa figura había sido excluida y la causa fue elevada a juicio únicamente por estafa.
El ministro Manuel Ramírez Candia, con adhesión de Alberto Martínez Simón, sostuvo que el fallo no contenía expresiones oscuras, errores ni omisiones y que el planteamiento buscaba cuestionar lo decidido mediante una vía que no corresponde. Luis María Benítez Riera señaló que los cuestionamientos no se dirigían a los fundamentos de su voto.
En julio de este año la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la casación presentada por el Ministerio Público y anuló el sobreseimiento definitivo otorgado al exdiputado colorado Tomás Rivas, quien deberá afrontar un tercer juicio oral y público por presunta estafa.
El fiscal Luis Piñanez había apelado el A.I. N° 353 del 02/12/2025 dictado por el Tribunal de Apelación Penal Tercera Sala de la Capital, que confirmó el A.I. Nº 299 del 23/04/2024, dictado por el Tribunal de Sentencia.
El agente arguyó que la resolución es contradictoria con un fallo anterior sobre el mismo tema, dictado por un tribunal de igual clase y con conexidad de objeto y causa. Planteó la existencia de dos resoluciones de igual jerarquía que resolvieron de manera opuesta la misma cuestión, dentro de este mismo proceso.
En ese sentido, sostuvo que en el primer juicio el Tribunal de Sentencia resolvió el 20 diciembre de 2021 (A.I. N° 910) el sobreseimiento definitivo aplicando el Art. 25 numeral 10 del CPP, que prevé la extinción por reparación del daño lo que fue anulado en septiembre de 2022 por el Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala de la Capital debido a que la Fiscalía no prestó su conformidad con relación a la reparación.
En el segundo juicio, por A.I. N° 299 del 23 de abril de 2024 se volvió a declarar la extinción de la acción penal por reparación del daño patrimonial, con argumentos similares a los del primer auto anulado, es decir por reparación del daño, los G. 47.000.000 que se expresa en la acusación, mediante un acuerdo entre el acusado y el entonces Presidente de la Cámara de Diputados para el reintegro de las sumas desembolsadas, y una donación de G 47.000.000 a la Procuraduría, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Apelación en lo Penal -Tercera Sala- de la Capital, en mayoría, declarando aplicable el Art. 25 numeral 10 del CPP, cuya resolución es objeto del recurso.
