De las nueve diligencias pendientes argumentadas por el agente Ortiz para sostener el requerimiento, ocho corresponden a simples remisiones de notas, cinco de ellas dirigidas al propio órgano denunciante, y una pericia informática que no se concretó debido a que la perito designada por el Ministerio Público, María Victoria Fleitas, “está próxima a salir de permiso por maternidad”.

Ortiz se encuentra vinculado a la causa hace tres meses, tras la recusación al fiscal Leonardi Guerrero, cuya confirmación fue impugnada y finalmente quedó fuera del caso. 

La imputación señala que el 22 de julio de 2024, Librada Beatriz Peralta Cespedes remitió al Consejo de la Magistratura documentos que avalan sus diplomados en  Derecho de la Niñez y la Adolescencia, en Derecho Penal – Fondo y Forma; y en Derecho Penal Adolescentes, a los efectos de ser incluidos en su Perfil del Postulante, para acumular puntos a ser tenidos en cuenta al momento de la evaluación respectiva en el marco de edictos para acceder a cargos judiciales. 

Durante la verificación de los documentos, el Consejo de la Magistratura constató que los tres documentos presentan las mismas firmas, lo cual resulta llamativo, ya que si bien las firmas pueden mantener similitudes, deben presentar variaciones. En este caso, la firma de la escribana, el visto bueno académico y la firma del Director son idénticas en los tres archivos. 

Además, tras la verificación en el aula virtual, no se encontró registro de que la jueza Peralta se encuentre siquiera matriculada en los cursos que asegura haber obtenido los diplomados. 

En su requerimiento, el fiscal Ortiz aseguró que no se cuenta con una “certeza positiva” para poder formular un requerimiento conclusivo, debido a las diligencias pendientes. “La actividad investigativa del Ministerio Público fue intensa, no obstante lo cual no pudieron ser reunidos todos los elementos de convicción requeridos para la conclusión de la investigación”, sostuvo, sin embargo, solo una de las diligencias pendientes tiene categoría científica, las demás son diligenciamiento de notas. 

También solicitó el sobreseimiento provisional para Adán Fredy Rolón Villareal y de Tomás Rodrigo Avalos Sanabria, funcionario de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura. 

En tanto, solicitó el sobreseimiento definitivo para Mario Britez Ruiz Díaz, al no contar con la certeza positiva de su vinculación con los hechos desplegados por los demás procesados.

Estos son los elementos pendientes según el requerimiento: 

  1. Nota Dirigida al Consejo de la Magistratura, por la cual se solicita se remita el listado de los Edictos en los cuales fueron inscriptos los procesados Adan Fredy Rolon Villarreal, con C.I. N° 3.174.496 y Librada Beatriz Peralta Céspedes, con C.I. Nº 3.262.906, en el periodo comprendido entre Abril a Junio de 2025 y si los mismos formaron parte de ternas en las citados Edictos.
  2. Nota Dirigida al Consejo de la Magistratura, por la cual se solicita se remita el original de la Nota remitida por la Universidad Privada del Este, de fecha 10 de septiembre de 2025, dirigida al Presidente del Consejo de la Magistratura.
  3. Nota Dirigida al Consejo de la Magistratura, por la cual se solicita informe si en el periodo comprendido entre el año 2021 a 2025, la plataforma informática (base de datos o sistema informático CRISMA/CRISEMA) sufrió vulneraciones, accesos no autorizados, hackeos, ataques informáticos o fallas de seguridad operacional.-
  4. Nota Dirigida al Consejo de la Magistratura, por la cual se solicita informe si en el periodo comprendido entre el año 2021 a 2025, hubo mejoras o cambios de firewalls en las infraestructuras de redes, si hubieron cambios, migraciones de los servidores proxy o mecanismos de traducción de direcciones IP (NAT) utilizados por las plataformas institucionales y si como consecuencia de dichas modificaciones o de alguna configuración de la infraestructura informática, las conexiones efectuadas por usuarios pudieron no ser registradas.
  5. Nota Dirigida al Consejo de la Magistratura, por la cual se solicita remita en soporte magnético todo lo obrante en su base de datos o sistema informático CRISMA/CRISEMA. con relación a Librada Beatriz Peralta Céspedes y Adan Fredy Rolon Villarreal.
  6. Pericia Informática de toda la documentación remitida en los puntos anteriores a ser realizada por la Ing. María Victoria Fleitas.
  7. Nota dirigida a la Facultad de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales de la Universidad Privada del Este, por la cual se solicita informe con relación al Curso de Especialización en Derecho Penal y Procesal Penal, dictado en los años 2016-2017, informe lo siguiente: Identificación de Coordinadores de Campo, Protocolo de Gestión de Títulos y Custodia de Soportes Documentales.
  8. Nota dirigida a la Facultad de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales de la Universidad Privada del Este, por la cual se solicita informe con relación al Curso de Especialización en Derecho Penal y Procesal Penal, dictado en los años 2016-2017, el listado completo de los alumnos inscriptos en la citada especialización, así como informe los docentes de dicho curso.-
  9. Nota dirigida a la Fundación Casañas Lial, por la cual se solicita informe con relación al Curso de Especialización en Derecho Penal y Procesal Penal, dictado en los años 2016-2017 por convenio con la Universidad Privada del Este, informe lo siguiente: Identificación de Coordinadores de Campo, Protocolo de Gestión de Títulos y Custodia de Soportes Documentales.

SOSPECHOSA DEMORA DE INTEGRACIÓN DE LA CÁMARA 

La imputación fue formulada en mayo de este año y la audiencia de medidas ni siquiera pudo llevarse a cabo debido a que la defensa apeló la convocatoria y hasta la fecha el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Tercera Sala de la Capital, aún no ha podido resolver su propia integración. 

El conflicto se origina principalmente en la impugnación contra el apartamiento del camarista José Waldir Servín, por mantener una amistad con la magistrada. El miembro de la cámara, Paublino Escobar Garay cuestionó la justificación. 

Los camaristas María Belén Agüero y Agustín Lovera Cañete tuvieron posiciones distintas y, al no alcanzar mayoría, enviaron el incidente a la Sala Penal para que resuelva; esta a su vez devolvió el expediente arguyendo que debe ser la propia sala quien resuelva el conflicto. 

También solicitó el sobreseimiento provisional para Adán Fredy Rolón Villareal y de Tomás Rodrigo Avalos Sanabria, funcionario de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura. 

En tanto, solicitó el sobreseimiento definitivo para Mario Britez Ruiz Díaz, al no contar con la certeza positiva de su vinculación con los hechos desplegados por los demás procesados.