La principal acusada, María Teresa Díaz, fue condenada a 4 años de cárcel por producción mediata de documentos públicos de contenido y uso de documentos públicos de contenido falso; mientras que sus familiares José de Jesús Benítez, Guido Ramón Acuña Díaz, Teodoro Fernández Duarte y María Cirila Díaz de Fernández, fueron sentenciados a 2 años de prisión con suspensión de la ejecución de la condena, por como cómplices en la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

En tanto el oficial de justicia Benito Ever Ríos González fue declarado culpable de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y condenado a 2 años de prisión en un juicio abreviado, realizado previamente, debido a que admitió su participación en el hecho.

LA CAUSA

Las falsificaciones comenzaron con el reconocimiento de una niña indígena como hija de María Teresa Díaz y el sacerdote Severiano Martínez Vázquez, realizado el 10 de agosto de 2011 en la Oficina del Registro Civil Nº 318 de la ciudad de San Juan Nepomuceno, Caazapá.

La mujer supuestamente contrajo nupcias con el sacerdote católico el 22 de septiembre de 2016, a las 17:30 horas, en el predio del hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) de Asunción, según el documento apócrifo. José de Jesús, Guido Ramón, Teodoro y María Cirila firmaron como testigos de la unión y el Lic. Benito Ever Ríos, responsable de la Oficina Nº 727 de Remansito, actuó como oficial del Registro Civil.

La supuesta ceremonia se llevó a cabo sin conocimiento de los familiares más cercanos de Severiano Martínez, evento simulado en el cual los contrayentes afirmaron tener una hija en común, la niña indígena.

Dos meses después, el 25 de noviembre de 2016, María Teresa Díaz se presentó en el Juzgado Civil de Santa Rita (Alto Paraná), a cargo del magistrado Julio Ávalos Crovato, para iniciar un proceso sucesorio de Serveriano Martínez, presentando un certificado de nacimiento falso de la supuesta hija y también el certificado de matrimonio apócrifo.

El inicio del juicio sucesorio llegó a conocimiento de Ramón y Daniel Martínez Vázquez, hermanos del cura párroco, quienes comenzaron a sospechar de la falsedad de la unión matrimonial, ya que en ese momento el sacerdote estaba internado en IPS, luchando contra una enfermedad terminal que terminó con su vida el 9 de noviembre de 2016.

A raíz de esto, se realizó una denuncia penal tras lo cual los involucrados fueron imputados y acabó con la condena, este jueves en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

El Tribunal de Sentencia que dictó la condena estuvo presidido por la magistrada Flavia Lorena Recalde y conformado por sus colegas Milciades Ovelar y Emilia Santos. Representó al Ministerio Público el fiscal Alcides Giménez Zorrilla.