El colegiado tuvo por acreditado que la acusada, en su carácter de actuaria judicial, utilizó sus credenciales habilitadas dentro del sistema de gestión jurisdiccional, pero excedió los límites de su autorización al realizar una modificación no permitida. Según la sentencia, la maniobra consistió en alterar un expediente vinculado al condenado por usura Ramón González Daher e incorporarlo a otro, lo que derivó en su invisibilización dentro del sistema.

En su análisis, el Tribunal valoró informes técnicos, registros de auditoría y diversas pruebas documentales, además de un conjunto de indicios concordantes que permitieron reconstruir la secuencia de hechos. En ese contexto, descartó la existencia de accesos remotos o la participación de terceros en la manipulación del sistema.

Asimismo, los magistrados concluyeron que Romero Maciel mantenía control exclusivo sobre sus credenciales, por lo que su conducta no respondió a un error informático, sino a una acción deliberada que comprometió la integridad, confiabilidad y trazabilidad de la información judicial.

En cuanto a los demás hechos atribuidos por el Ministerio Público, el Tribunal dispuso la absolución de la acusada por los supuestos de simulación de hecho punible y frustración de la persecución y ejecución penal. La decisión se fundamentó en que no se reunieron los elementos típicos requeridos para configurar dichas figuras.

Los jueces señalaron que, si bien se comprobó la manipulación interna del sistema, no se acreditó que la acusada haya comunicado información falsa a una autoridad para atribuir un hecho a una persona determinada, ni que su conducta haya tenido la entidad suficiente para impedir o paralizar el desarrollo de una investigación o la eventual ejecución de una condena.