El fiscal de Mariano Roque Alonso, Itálico Rienzi, imputó al abogado Edgardo Ismael Ayala Ojeda por una serie de hechos vinculados a una presunta estafa reiterada, cometida entre agosto del 2025 y abril del 2026.

Según la investigación, el imputado habría sido contratado para representar a Roberto Carlos Cabrera en un caso de violencia doméstica, pero en lugar de realizar gestiones reales, simuló actuaciones judiciales, exigió pagos constantes y hasta llegó a tomar declaraciones en su propia vivienda sin tener facultades para ello.

Edgardo Ismael Ayala Ojeda como profesional del derecho habría sido contratado por Roberto Carlos Cabrera para que le asista en un caso por violencia doméstica, año 2026, ya que fue denunciado por su expareja María Gladys Ortiz Martínez y no quería presentarse sin abogado ante el juzgado.

El 31 de enero del 2026 Roberto Carlos Cabrera recibe una cédula de notificación del juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso, que le había indicado una fecha para declarar sobre violencia doméstica; sin embargo, el abogado Edgardo Ayala le dijo que vería otra fecha para declarar y constantemente el abogado pedía dinero a su cliente y le habrá entregado la suma de G. 4.000.000.

Roberto Carlos Cabrera insistió a su abogado para declarar ante el juzgado, pero este le ponía excusas, supuestamente en el juzgado estaba con inventario y luego de tanta insistencia, el abogado le dice que él podría tomarle la declaración testifical y eso podría usarlo en el juzgado.

Para la declaración, Carlos pagó la suma de G. 1.000.000 para el finiquito de la causa de la violencia familiar.

El 26 de febrero del 2026, el abogado Edgardo Ismael Ayala envió vía WhatsApp, un PDF a Shirley Rossana Cabrera (hermana de Roberto Carlos Cabrera) como “evidencia” de los trabajos que supuestamente realizó ante el juzgado de Paz (en defensa de Carlos Roberto Cabrera).

El PDF era apócrifo conteniendo una firma adulterada del juez de Paz de Mariano Roque Alonso Fidelino Cáceres y sin la firma correspondiente del actuario, con un membrete del Poder Judicial igualmente adulterado, mediante el cual se daba a conocer sin mencionar la persona o entidad a quien se dirigía la decisión inexistente del juzgado de ordenar el finiquito y archivo del referido juicio sobre violencia doméstica, siendo que en realidad el citado proceso aún no fue concluido según se puede notar en las constancias del expediente en esa época.

En fecha 11 de marzo del 2026, Shirley Rossana y Roberto Carlos Cabrera se presentan ante el juzgado de Paz a fin de corroborar el oficio de finiquito enviado por el abogado Edgardo Ayala y una vez allí se percatan de que la firma del juez era apócrifa y que el sello no era el que usaban en el juzgado y realizan la denuncia ante el propio juez y luego van hasta el juzgado de Luque donde supuestamente estaba el juicio de disolución conyugal el cual se pagó cuatrocientos mil para dar entrada y aparte un millón seiscientos noventa y cinco mil guaraníes y dicho juicio jamás se presentó, no encontraron nada, en síntesis nunca hizo ningún trámite.