Junto a González Alegre, otras 32 personas, entre exfuncionarios, miembros de ONGs y supuestos proveedores, han sido acusadas. Todos ellos están implicados en la autorización y recepción de fondos millonarios para la ejecución de proyectos.

Los proyectos financiados carecían de un plan de acción claro y de presupuestos debidamente elaborados. No se especificaron las acciones a realizar, los bienes y servicios a adquirir, ni los lugares de ejecución de las actividades.

Tras las transferencias, las organizaciones beneficiadas no presentaron las copias de rendiciones de cuentas visadas por la Contraloría General de la República. Además, no se proporcionaron certificados originales y vigentes de cuentas bancarias.

La acusación sostiene que cada uno de los integrantes del esquema tenía conocimiento de la operativa y participación activa en los desembolsos. Los exfuncionarios procesados simulaban el cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos.