En su avance de informe final sobre el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), correspondiente al periodo comprendido entre 2023 y junio de 2026, la Contraloría concluyó que el organismo no ejerció adecuadamente sus funciones de fiscalización y permitió que continuaran funcionando ofertas académicas sin acreditación vigente o con plazos de actualización vencidos, sin que se aplicaran las medidas administrativas correspondientes.
Uno de los hallazgos más sensibles es que 877 ofertas académicas sujetas a evaluación obligatoria tenían acreditaciones vencidas o nunca habían sido acreditadas, pese a contar con habilitaciones registradas hasta 2020.
El universo informado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) llegaba a 1.669 ofertas, aunque 792 de ellas todavía requieren verificar si tienen egresados y cuántas convocatorias de acreditación omitieron.
El informe identifica, además, 60 ofertas académicas con plazos de habilitación o actualización vencidos que continuaron operando sin que el Cones hubiera establecido y aplicado un procedimiento administrativo específico para exigir su regularización.
Sin acreditación. La auditoría cuestiona que el Cones no haya solicitado oportunamente a la Aneaes información completa sobre las carreras que debían someterse a procesos de evaluación y acreditación obligatoria.
Según el informe, el organismo limitó inicialmente sus requerimientos a la carrera de Derecho, sin abarcar de manera sistemática otras áreas, como Enfermería, Nutrición, Kinesiología, Ingenierías y Ciencias Agrarias.
La Contraloría señala que la Aneaes ya había advertido al Cones, en abril de 2026, sobre resoluciones de no acreditación y deficiencias sustanciales detectadas en distintas disciplinas, con especial énfasis en Ciencias de la Salud.
Plazos vencidos. Otro punto central de la auditoría es la falta de medidas frente a las ofertas académicas que superaron los plazos establecidos para actualizar sus proyectos curriculares. La normativa del Cones dispone, en términos generales, que las carreras de grado y programas de posgrado de las áreas de Ciencias de la Salud e Ingeniería deben actualizarse cuando transcurren diez años desde su habilitación o última actualización, mientras que para las demás áreas el plazo es de quince años, conforme a las disposiciones aplicables.
La CGR identificó 60 ofertas académicas cuyos plazos de habilitación o actualización estaban vencidos y concluyó que no se habían dictado medidas administrativas individualizadas para exigir su regularización, clausurar carreras o intervenir instituciones cuando correspondiera. La auditoría también encontró problemas en la integridad y trazabilidad del Registro Nacional de Ofertas Académicas.
Se identificaron 91 situaciones en las que no pudieron comprobar una coincidencia exacta entre la oferta y su acto administrativo respaldatorio, según el informe.
877 ofertas académicas fueron detectadas por la CGR que no cuentan con acreditación vigente.
184 ofertas académicas corresponden al área de Salud, de las cuales 162 nunca se acreditaron.
