El análisis se realiza sobre los mecanismos utilizados por la cartera educativa para registrar títulos y certificados. Las verificaciones buscan establecer si las anomalías corresponden a fallas administrativas, problemas de control o si guardan relación con la incorporación deliberada de documentos presuntamente falsos.

El caso ya derivó en una investigación penal. El Ministerio Público recibió del MEC los antecedentes de 145 personas cuyos títulos académicos presentan inconsistencias y abrió una causa para determinar la existencia de posibles hechos punibles contra la prueba documental.

Cuentas activas y movimientos bajo sospecha

Uno de los principales puntos bajo revisión es el sistema de usuarios que permite realizar modificaciones e inscripciones en el registro académico.

El MEC informó que sus auditorías detectaron cerca de 500 usuarios ajenos a las funciones correspondientes con acceso a procesos de inscripción de títulos. También fueron identificadas operaciones realizadas fuera de los plazos establecidos, mientras que funcionarios vinculados fueron apartados de sus funciones y sometidos a sumarios administrativos.

La Fiscalía, por su parte, intervino el sistema informático para reconstruir las operaciones realizadas desde 2013 hasta la actualidad, con especial atención a las fechas y horas de cada movimiento, las cuentas utilizadas, los documentos cargados y las direcciones IP desde las que se efectuaron las conexiones.

La diligencia tiene como objetivo identificar quiénes tuvieron acceso a los registros y establecer eventualmente responsabilidades por la incorporación o modificación de documentos.

La investigación alcanza a distintas profesiones

La pesquisa dejó de concentrarse exclusivamente en títulos relacionados con la docencia. Los indicios abarcan documentos correspondientes a diferentes áreas profesionales, entre ellas Medicina, Enfermería, Ingeniería y Derecho.

En el caso de Medicina, las verificaciones apuntan también a determinar si los documentos cuentan con respaldo académico y con las exigencias de formación práctica correspondientes. La existencia de un registro dentro del sistema estatal no constituye, por sí sola, una confirmación de la autenticidad del título.

El Ministerio Público informó que las primeras verificaciones realizadas por el MEC dieron origen a la comunicación formal sobre 145 títulos con presuntas inconsistencias. Posteriormente, la investigación fiscal amplió las diligencias para determinar la dimensión real del caso.

Comisión especial analiza el caso

El Senado conformó una Comisión Especial de Investigación para estudiar la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, formación técnica, profesional y de posgrado presuntamente falsos o irregulares.

La comisión comenzó a trabajar con autoridades del MEC y anunció reuniones con otras instituciones vinculadas al sistema de educación superior. Entre los objetivos planteados figuran determinar el alcance de las irregularidades y proponer mecanismos que permitan fortalecer los controles.

Además, el Senado y la Contraloría General de la República (CGR) suscribieron un convenio para facilitar el intercambio de información y la asistencia técnica dentro de las investigaciones sobre los presuntos títulos irregulares.

Buscan determinar cómo ingresaron los documentos

La revisión apunta ahora a reconstruir la ruta digital y administrativa de cada registro cuestionado: quién cargó la información, desde qué cuenta, cuándo se realizó la operación y qué controles fueron aplicados antes de validar el documento.

La Fiscalía deberá determinar, a partir de las pericias y demás elementos colectados, si las irregularidades detectadas constituyen errores del sistema, incumplimientos administrativos o hechos con relevancia penal.

Mientras continúan las verificaciones, las autoridades mantienen bajo análisis tanto los registros existentes como los mecanismos de acceso utilizados para incorporar títulos al sistema educativo.