El 31 de mayo pasado, el director interino de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, abogado Rodolfo Heyn, informó a la jueza Bracho que fue designado como auditora a la abogada Ana Montiel, en el marco de la auditoría ordenada por el ministro superintendente de la circunscripción de Central, profesor doctor Eugenio Jiménez Rolón. El expediente a ser analizado está caratulado “Gustavo Osmar González, Sindulfo Abel Fernández Pavetti, Marcelo Bonet Aguayo, Julio César Duarte Servían y Luis Darío Candia Zelada s/Secuestro”.

Los antecedentes revelan que el 31 de mayo pasado, la jueza otorgó arresto domiciliario a Julio César Duarte, acusado por secuestro en carácter de cómplice. Se allanó a la pretensión el fiscal interino, Jose Luis Casaccia, ante la recusación de todos los fiscales de crimen organizado, de la unidad de narcotráfico y de otras unidades. Se puede decir, que se fue buscando un fiscal a medida.

El 26 de abril pasado, la jueza Bracho había rechazado el arresto domiciliario. Sin embargo, casi un mes después cambió totalmente de postura sin que haya existido un hecho nuevo.

En el caso también salta el nombre de la jueza Gladys Fariña, quien es la titular de la causa, pero cada vez que Duarte Servían solicita la revisión de medida la misma sale de permiso y la interina su colega Isabel Bracho, que pese a su pésimo antecedente fue confirmado en el cargo por la Corte a propuesta del ministro Jiménez Rolón, pero con el silencio cómplice de los demás ministros del alto tribunal.

La fiscala Laura Romero también tuvo una sospechosa actuación, ya que imputó por testimonio falso a un testigo clave del secuestro, pese a que aún ni siquiera se hizo la preliminar por plagio. Se desconoce si el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón dispuso una auditoría a cargo de la Inspectoría del Ministerio Público.

El Observador