El conflicto judicial tiene su origen en una demanda promovida por Guardati Núñez para consignar judicialmente el saldo de una compraventa y exigir que el club concrete la transferencia definitiva de un inmueble mediante escritura pública. El contrato fue celebrado el 29 de octubre de 2019 y establecía un precio total de USD 100.000.
Durante el trámite de regulación de honorarios, el abogado Carlos Alfonso Martínez, representante del club, solicitó la suspensión del procedimiento, argumentando que existe una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Durante el trámite de regulación de honorarios, el abogado Carlos Alfonso Martínez, representante del club, solicitó la suspensión del procedimiento, argumentando que existe una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sin embargo, el magistrado rechazó el planteamiento y sostuvo que el artículo 28 de la Ley N.º 1376/88 permite realizar una regulación provisoria de honorarios sobre el 50% de los valores correspondientes, mientras el proceso principal no haya concluido definitivamente.
Otro punto central de la resolución fue la determinación de la base económica para calcular los honorarios. Los profesionales beneficiados habían solicitado que se utilizara una tasación unilateral del inmueble, estimado en G. 1.044 millones, pero el juez descartó ese criterio al considerar que la controversia no giraba en torno al valor comercial de la propiedad, sino al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de compraventa.
En consecuencia, el magistrado tomó como referencia los montos establecidos en el acuerdo entre las partes y diferenció las dos pretensiones de la demanda. Por la acción de pago por consignación, cuya base fue el saldo de USD 10.000 (G. 61 millones), fijó honorarios por G. 6.100.000 más IVA, teniendo en cuenta que los abogados se incorporaron al proceso después de su presentación inicial y les correspondían dos terceras partes de las etapas procesales.
Por la obligación de hacer escritura pública, cuya base regulatoria fue el precio total del contrato, equivalente a G. 610 millones, estableció honorarios por G. 57.187.500 más IVA, considerando que los profesionales intervinieron en todas las etapas de esta pretensión.
De esta manera, los honorarios conjuntos quedaron establecidos en G. 63.287.500, a los que se suman G. 6.328.750 en concepto de IVA, alcanzando un total de G. 69.616.250. El monto deberá distribuirse en partes iguales entre ambos abogados, por lo que cada uno percibirá G. 34.808.125.
La regulación no representa todavía una liquidación definitiva de los honorarios. La resolución establece que los profesionales conservan el derecho de solicitar una regulación complementaria una vez que la Corte Suprema resuelva la acción de inconstitucionalidad y el litigio principal concluya de manera definitiva.
Fuente: Es Tendencia Fronteira
