La defensa, ejercida por integrada los abogados Raúl Caballero, Josefina Aghemo y Mario Elizeche, calificó de genérica la mención respecto a su defendido, alegando que no describió una conducta concreta y lo incluyó junto con los directores del banco sin diferenciar sus funciones, pese a que como síndico tenía voz, pero no voto en las reuniones del directorio.
También cuestionó que no se precisaron las acciones que debía realizar y habría omitido, ni los elementos que lo vinculaban individualmente con las operaciones investigadas, lo que, según los abogados, afectaba su derecho a la defensa.
Para el magistrado, que el Ministerio Público individualizó a las personas imputadas, expuso los hechos que constituyen el objeto inicial de la investigación, señaló los elementos de sospecha que sustentan su atribución y solicitó el plazo correspondiente para desarrollar la etapa preparatoria.
Con consiguiente, consideró cumplidos los requisitos esenciales exigidos para dar trámite al acta de imputación, sin que ello implique afirmar la veracidad de los hechos expuestos por el Ministerio Público ni anticipar una decisión sobre la responsabilidad penal de las personas investigadas.
“Las discrepancias que pudieran existir respecto de la interpretación de los hechos, la participación atribuida a los imputados o la tipificación provisoria constituyen cuestiones que pueden ser objeto de investigación, contradicción y control durante el procedimiento. Su sola existencia no determina necesariamente el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 302 del Código Procesal Penal”, explicó.
Refirió que los cuestionamientos formulados por la defensa no permiten advertir un incumplimiento de los requisitos esenciales que fueron examinados al dictarse la providencia recurrida.
Tras el rechazo, se remiten los autos a la Cámara Especializada en Delitos Económicos para el estudio de la apelación subsidiaria.
Almada Frutos está imputado en su carácter de síndico de Ueno Bank S.A. durante el periodo 2025 y 2026. El Ministerio Público sostiene que, conjuntamente con los miembros del Directorio de la entidad, autorizó y permitió «operaciones financieras que habrían comprometido en forma negativa activos del banco, compuestos principalmente con recursos de terceros, cuya restitución se encuentran obligadas a garantizar conforme a la ley».
Los análisis del esquema societario revelan que figuró como síndico titular de la firma prestataria TUIU S.A. en 2024 y como director suplente de AIME S.A. Corredores de Seguros en 2025.
La Fiscalía lo imputó por conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de Estafa y violación de llevar Libros de Comercio.
