Según el documento presentado por los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez, el Grupo Vázquez habría constituido la sociedad en Luxemburgo el 29 de septiembre de 2023, a 45 días de la asunción presidencial de Santiago Peña, y desde el 20 de marzo de 2024 su hermano habría ingresado como socio con 58 acciones por un valor total de USD 58.000.
Los investigadores sitúan esa incorporación dentro de la estructura empresarial que controlaba Ueno y la relacionan con los intereses patrimoniales que el propio Peña mantenía durante su mandato, entre ellos 6.144 acciones de Ueno Holding S.A.E.C.A., declaradas por G. 6.144 millones y equivalentes aproximadamente al 1,58 % del capital social de esa compañía.
La participación accionaria del entonces presidente habría permanecido en su patrimonio hasta marzo de 2025, cuando se realizó el rescate mediante una reducción de capital, mientras que su declaración patrimonial de 2023 también incluía un certificado de depósito de ahorro en Ueno por G. 2.400 millones y un bono de ITTI por G. 350 millones.
La hipótesis fiscal sostiene que Peña habría utilizado su posición institucional para favorecer decisiones relacionadas con la colocación y permanencia de recursos públicos y previsionales en una entidad con la que mantenía intereses económicos y vínculos familiares, además de sostener públicamente la confianza en el banco pese a las advertencias técnicas sobre sus operaciones y situación patrimonial.
La sociedad de Luxemburgo también aparece en los fundamentos del pedido de prisión preventiva, donde los fiscales invocan los vínculos corporativos internacionales del expresidente y la participación de su hermano para sostener que contaría con facilidades para sustraerse del proceso, como parte de su argumentación sobre el peligro de fuga.
Peña fue imputado por lesión de confianza como instigador y administración en provecho propio en una causa que también alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay, a quien se atribuyen decisiones y omisiones en la supervisión de Ueno; la participación de Francisco Peña es mencionada como antecedente del vínculo familiar con el conglomerado, sin que ese pasaje le atribuya un delito por ser accionista.
