Santiago Peña Palacios fue trasladado desde el Regimiento Escolta Presidencial, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, hasta la sede del Ministerio Público, para prestar declaración tras ser detenido este viernes en su domicilio.
El ex mandatario es investigado por presunta lesión de confianza, administración en derecho propio y tráfico de influencias.
Los fiscales Christian Benítez, Elena Fiore, Silvia González, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), y Ruth Benítez, de la Unidad de Delitos Informáticos, son quienes investigan la causa.
Tras su declaración indagatoria, Santiago Peña quedará a disposición del juez penal de garantías Humberto Otazú, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien deberá decidir las medidas cautelares que se le impondrán al expresidente.
Como antecedente similar se encuentra el caso de Luis Alberto González Macchi, quien fue recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, aunque dicha medida se ejecutó tras recibir una condena de ocho años de prisión por corrupción, según recordó la periodista Fátima Garay de Telefuturo.
Peña fue detenido el viernes por la noche en su residencia, luego de que el Congreso Nacional concretara su destitución. Al momento de la detención, se encontraba acompañado por su esposa, la ex primera dama Leticia Ocampos, y su abogado Ricardo Preda.
Denuncia contra Santiago Peña
En la mañana del jueves, los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Éver Villalba, Rubén Velázquez e Ignacio Iramain, así como los diputados Raúl Benítez, Leide Galeano, Johanna Ortega y Adrián Billy Vaesken pidieron que, a las investigaciones por la caída de ueno bank, se incorpore más calificaciones y se incluya en la investigación a Santiago Peña, autoridades del BCP y de entidades públicas.
La denuncia también alcanza a las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), representantes de instituciones públicas que depositaron recursos en el banco hoy intervenido.
Según los legisladores, la causa de ueno bank no solo debe enfocarse en los directivos, sino “también debe determinar quiénes decidieron colocar, renovar o mantener fondos públicos en la entidad” y “si esas decisiones expusieron recursos del Estado y de los asegurados a riesgos”.
