La denuncia apunta directamente contra los directivos Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale Cardoni, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Isabel Torres Rubiani, Miguel Ángel Almada Frutos, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente. Asimismo, la denuncia se dirige de manera innominada contra toda otra autoridad o persona vinculada a dicho banco o a sus sociedades vinculadas que, conforme a los resultados de la investigación, aparezca como responsable.
El documento detalla que la institución estatal depositó en la entidad bancaria un total de G. 40.000.000.000, divididos en dos operaciones estratégicas, la mitad bajo la figura de caja de ahorro a la vista y bajo la figura de depósito a plazo fijo la otra mitad. .
Estas colocaciones de recursos públicos se efectuaron en estricto cumplimiento de los mandatos legales y presupuestarios vigentes, priorizando los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. Sin embargo, la denuncia enfatiza que el organismo público obró de buena fe «tomando como cierta la falsa declaración de dicha entidad bancaria sobre su supuesta solvencia y calificación institucional», ocultando la verdadera situación de iliquidez que derivó en la caída de su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento.
De acuerdo a la denuncia, los hechos se subsumen en los hechos punibles de lesión de confianza, estafa, conducta conducente a la quiebra y conducta indebida en situación de crisis.
