La acción legal formulada por la petrolera del Estado imputa a la cúpula de la entidad bancaria la presunta comisión de hechos punibles contra el patrimonio, especificando las figuras de estafa y lesión de confianza, entre otros tipos penales.
El origen del vínculo institucional se remonta al año 2023, periodo en el que ambas empresas concretaron una alianza comercial enfocada en la concesión de reintegros económicos a los usuarios que cargaban combustibles en la red de estaciones del emblema público.
Si bien desde la petrolera destacaron que dicho acuerdo permitió incrementar los volúmenes de venta y fidelizar la cartera de clientes durante su vigencia, la entrada en proceso de resolución de ueno bank impidió que la estatal pueda acceder a sus fondos depositados a la vista.
En paralelo a la presentación penal, las autoridades de Petropar remitieron una nota oficial con fecha 4 de noviembre de 2026 a la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP) para solicitar la certificación oficial de los saldos existentes.
En la nota elevada al órgano regulador del sistema financiero, la petrolera exigió que se arbitren de manera urgente los mecanismos y procedimientos legales vigentes que permitan la devolución íntegra de los depósitos congelados en la entidad intervenida.
La denuncia promovida por Petropar se incorpora al circuito de carpetas penales e investigaciones patrimoniales que afrontan los ex directivos del grupo bancario en el fuero especializado de Delitos Económicos tras la disolución de la entidad de plaza.
