La medida cautelar fue dictada a través del Auto Interlocutorio N.º 1565 a solicitud de emergencia del Banco Central del Paraguay (BCP), tras confirmarse un severo deterioro patrimonial detallado en el Informe Técnico N.º 0016/2026 de la Superintendencia de Bancos.
Las investigaciones administrativas sacaron a la luz irregularidades en la gestión del riesgo crediticio y una reclasificación de deudores que expuso un déficit de previsiones de G. 1.621.853.458.972, situación que provocó la caída del índice de solvencia de la entidad del 13,85% al 5,56%, muy por debajo de las exigencias de la Ley N.º 2334/03.
A la brecha contable se sumó la imposibilidad manifestada por la propia entidad el pasado 29 de octubre de reponer USD 70 millones correspondientes a la cuenta de encaje legal utilizados durante el mes de octubre, lo que derivó en el cese inmediato de funciones de directores, gerentes y auditores.
El embargo preventivo libre de contracautela abarca a diez personas físicas y jurídicas, entre las que figuran las firmas accionistas U Paraguay S.A. (93,10% de participación), U Holdings S.A.R.L. y Grupo Vázquez S.A.E., además del vicepresidente 1.º Federico Miguel Vázquez Villasanti, el presidente Juan Manuel Gustale y la vicepresidenta 2.ª Diana Leticia Mongelós González.
La nómina de afectados por la traba cautelar se completa con los directores titulares Carlos Francisco Impagliatelli, Waldo Emilio Roberto, Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte Schussmuller, disponiéndose asimismo una suma provisoria de G. 58.639 millones para gastos de justicia.
El juzgado libró oficios electrónicos a la Superintendencia de Bancos, al Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y al Registro Unificado Nacional para ejecutar la circularización de cuentas y el rastreo de inmuebles en todo el país, calificando el escenario de suma urgencia para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero.
