El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres, absolvió a la exfiscal María Angélica Acosta Bjasso y, por duda, al exjuez Geraldino Cazal Argüello del cargo de cohecho pasivo agravado. En el mismo juicio, condenó a dos años y seis meses de prisión al abogado Luis Antonio Méndez Vera por tráfico de influencias.
La Fiscalía, representada por Luis Piñánez, había solicitado siete años y seis meses de cárcel para Cazal y cuatro años y seis meses para Acosta y Méndez. La acusación sostenía que los tres participaron en negociaciones para favorecer a Teófilo Gómez Vega, procesado en 2019 por presunta coacción sexual y violación contra una menor de edad.
En aquella causa, Acosta intervenía como agente fiscal de la Unidad Penal N.º 1 de Alberdi, Cazal como juez penal de Garantías y Méndez como representante de la querella adhesiva. Según la hipótesis fiscal, el pedido inicial ascendía a G. 40 millones, de los cuales G. 20 millones serían destinados a la madre de la víctima, G. 10 millones a la fiscala y otros G. 10 millones al magistrado; posteriormente se habría requerido un adicional de G. 3 millones para ambos funcionarios.
La acusación vinculó esos pagos con la posibilidad de obtener arresto domiciliario para Gómez Vega y con el compromiso de que la Fiscalía y la querella no apelaran una resolución favorable. Durante los alegatos, Piñánez expuso conversaciones, registros de llamadas, testimonios y extracciones de datos de teléfonos celulares como sustento de esa hipótesis.
El Tribunal consideró acreditado que Méndez estableció las condiciones económicas, invocó su influencia ante la agente fiscal y el juez y se hizo prometer dinero para terceros. Las magistradas concluyeron que el abogado realizó personalmente la conducta constitutiva de tráfico de influencias y que no se acreditaron causas que justificaran su actuación o excluyeran su responsabilidad.
Sin embargo, al examinar la situación de los otros acusados, el colegiado distinguió las afirmaciones del abogado de las conductas efectivamente demostradas respecto a Acosta y Cazal. Que Méndez los mencionara como destinatarios del dinero o asegurara que contaba con su respaldo no bastaba, según la fundamentación, para concluir que conocían las exigencias, las habían autorizado o habían aceptado un beneficio.
En el caso de Acosta, las juezas analizaron el testimonio de María Rita Cabral Acosta, quien relató que acudió a la Fiscalía para conversar sobre la situación de Gómez Vega y que la agente le habló de G. 40 millones para reparar el daño causado a la víctima, mediante un acuerdo que debía formalizarse ante escribanía. La propia testigo aclaró, no obstante, que la fiscala no le dijo que quisiera ese dinero para ella y que no le constaba personalmente la supuesta distribución entre los funcionarios.
Para el Tribunal, ese relato no acreditaba una solicitud de beneficio indebido a cambio de una actuación contraria a los deberes fiscales. También observó que no existía corroboración independiente suficiente sobre los términos de aquella reunión y que no se contó con la declaración de la otra abogada que, según Cabral, había estado presente.
El Colegiado valoró además audios en los que Cabral indicaba a Ramón Acosta, abogado de Gómez Vega y denunciante del caso, cómo responder durante las conversaciones y qué comunicar al fiscal investigador. Según la fundamentación, esos intercambios y las referencias a una recusación debían ser considerados al evaluar los testimonios, pues mostraban un interés en modificar quiénes intervenían en la causa.
Ramón Acosta declaró que la entonces fiscala le indicó que hablara con el representante de la querella, pero atribuyó a Méndez el pedido de G. 40 millones, la explicación de cómo se distribuiría el dinero y las promesas sobre las decisiones favorables que se obtendrían. Las magistradas señalaron que su declaración permitía acreditar la información que recibió del abogado, sin demostrar que la agente fiscal hubiera formulado o autorizado esas exigencias.
El procedimiento del 12 de agosto de 2019 también fue examinado. Ramón Acosta manifestó que entregó a Méndez, en su oficina, un sobre con G. 10 millones y luego lo trasladó hasta una vivienda que este identificó como perteneciente a la fiscala, aunque aclaró que permaneció en el vehículo y no ingresó al inmueble. Por ese motivo, el Tribunal señaló que no había presenciado que Acosta Bjasso recibiera o aceptara el dinero.
Las juezas también observaron que el denunciante no recordaba diversos detalles del procedimiento y que, pese a manifestar que no acompañó el allanamiento, reconoció sus firmas en el acta. Estas circunstancias fueron valoradas junto con los mensajes, los demás testimonios y el cotejo de los billetes.
En la vivienda de Acosta fueron encontrados G. 10 millones, pero los billetes no coincidían con los individualizados previamente para la entrega vigilada. La Fiscalía sostuvo que el dinero había sido sustituido; sin embargo, el Tribunal concluyó que no se probó que la acusada recibiera los billetes entregados a Méndez ni que interviniera en su reemplazo, por lo que la coincidencia del monto no permitía afirmar que se tratara del beneficio económico señalado en la acusación.
Respecto a los mensajes entre Acosta y Méndez, las magistradas indicaron que se referían a gestiones procesales, la firma de un acuerdo con la querella, la presentación del imputado y las comunicaciones con el juzgado, sin menciones a pedidos o entregas de dinero para la fiscala. También analizaron un intercambio en el que ella aceptó que el abogado acudiera junto a ella, pero consideraron que esa respuesta no demostraba que hubiera consentido recibir un beneficio.
El Tribunal de Sentencia concluyó que tampoco se acreditó que Acosta conociera las solicitudes de dinero realizadas por Méndez y aceptara participar en un acuerdo para obtener una ventaja indebida. El conocimiento de los trámites de reparación a favor de la víctima y de las gestiones sobre medidas cautelares no resultaba suficiente para demostrar los elementos del cohecho pasivo agravado, por lo que mantuvo su estado de inocencia.
En cuanto a Cazal, el colegiado destacó que Ramón Acosta reconoció haber conversado con el entonces magistrado acerca de la posibilidad de obtener una medida menos gravosa para Gómez Vega, pero negó que durante ese encuentro hubiera existido una exigencia de dinero.
El exjuez explicó que el abogado le informó que su defendido estaba enfermo y había sido operado recientemente, por lo que le indicó que podía presentar una solicitud acompañada de certificados médicos y una fianza. Según su versión, posteriormente se fijaría una audiencia para escuchar a la defensa, al Ministerio Público y a la querella.
Las juezas observaron que ambas declaraciones coincidían en la existencia de una conversación sobre la situación procesal del imputado, sin que de ella surgiera un pedido de contraprestación económica. Aunque la Fiscalía también invocó llamadas, gestiones y afirmaciones de Méndez acerca de su confianza con el magistrado, el tribunal señaló que mencionar a Cazal como destinatario de G. 10 millones no demostraba por sí solo que hubiera autorizado la solicitud, conocido sus condiciones o aceptado recibir el dinero.
La defensa de Acosta, ejercida por Alcides Rodrigo Gayoso y Néstor Candia, había cuestionado durante sus alegatos la precisión de la exposición fiscal, particularmente las referencias al apellido Acosta sin distinguir siempre entre el abogado denunciante y la exagente fiscal.
Como antecedente institucional, el 15 de abril de 2026 la Corte Suprema de Justicia resolvió no confirmar a Acosta Bjasso en el cargo y devolvió su terna al Consejo de la Magistratura. En aquella ocasión, la decisión fue fundamentada en cuestionamientos a su actuación, independientemente de lo que pudiera resolverse en el proceso penal.
Tras el fallo, Piñánez indicó que analizará sus fundamentos y no descartó apelar las absoluciones. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 13 de noviembre.
