La decisión fue adoptada por los magistrados Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, Paublino Escobar Garay y Claudia Carolina Criscioni Ferreira al resolver el recurso interpuesto por la defensa del imputado contra el Auto Interlocutorio N.º 359.

En su exhaustivo análisis, el tribunal advirtió un déficit de precisión y un claro problema de fundamentación en la resolución dictada por el Juzgado Penal de Garantías de origen. Según sostuvieron los camaristas en el fallo, la primera instancia se había limitado a transcribir y mencionar de forma genérica los hechos relatados por el Ministerio Público, omitiendo efectuar una subsunción detallada y rigurosa de dichas conductas dentro de las normativas vigentes.

En ejercicio directo del principio de complementación de la fundamentación, la alzada procedió a reconfigurar el encuadre legal provisorio y añadió al legajo procesal una serie de severos tipos penales. En ese sentido, se incorporó la figura de Lavado de Activos ante la sospecha de maniobras comerciales orientadas a disimular el origen e integración de los activos desviados a través de las sociedades ITTI, REDISA, REDIPRO y Vinanzas, la de Asociación Criminal por advertirse una estructura organizada y planificada donde el procesado habría ejercido un rol central como creador y controlante, la de Quiebra y Casos Graves por poner en riesgo patrimonial masivo los recursos depositados por los ahorristas, y la Infracción a la Ley N.º 7572/2025 por la presunta provisión de datos falsos al Banco Central del Paraguay, los cuales se suman a las imputaciones iniciales de Estafa, Lesión de Confianza, Conducta Indebida en Situaciones de Crisis y Violación de la Obligación de Llevar Libros de Comercio.

Un aspecto central y doctrinario del pronunciamiento radica en la atribución de la responsabilidad penal bajo la modalidad de autoría mediata por aparato de poder en la empresa. El Tribunal sostuvo que, conforme a los elementos de convicción arrimados por los agentes fiscales, Vázquez Villasanti operaba como el beneficiario final y controlante con influencia dominante sobre la estructura de ueno bank S.A. y sobre la red de empresas vinculadas que recibían créditos millonarios y desproporcionados sin contar con las garantías reales requeridas por el sistema bancario.

Por último, los magistrados recalcaron que, dada la extrema severidad de las conductas atribuidas y el eventual concurso de delitos punibles, el marco legal aplicable podría alcanzar una expectativa de pena de hasta 15 años de privación de libertad. Esta escala penal, sumada a la estimación preliminar del perjuicio patrimonial en más de G. 1,6 billones, llevó a la alzada a concluir que la prisión preventiva resulta la única medida cautelar idónea e indispensable para neutralizar los inminentes riesgos de fuga y de obstrucción a los actos de investigación del Ministerio Público.