El 22 de febrero del año 2022, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó la resolución del Consejo de Superintendencia por la cual se dispuso una auditoría de todos los juzgados de Primera Instancia de Alto Paraná, con relación a las garantías constitucionales otorgadas, en los últimos cinco años.

La decisión del máximo tribunal se dio, debido al hábeas corpus preventivo otorgado el 17 de febrero de 2020 al presunto traficante, Lindomar Reges Furtado, reclamado por el Brasil. El mismo se había escapado del Paraná Country Club con su pareja Gladys Aparecida Duarte Pereira, el 15 de febrero del año pasado, minutos antes de ser capturados por la Policía Nacional.

El fiscal antidrogas, Manuel Rojas, quien encabezó el operativo, declaró a la prensa que muchos ciudadanos brasileños con antecedentes judiciales en su país, ingresan a Paraguay, específicamente Ciudad del Este, para refugiarse. El agente del Ministerio Público señaló que en el 2013, la Corte hizo una auditoría de gestión, debido que narcotraficantes fueron beneficiados con este tipo de resoluciones. Muchos jueces se vieron obligados a renunciar y otros fueron destituidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Algunos apadrinados, como el entonces juez (hoy camarista) Raúl Insaurralde, cuñado del entonces ministro de la Corte Sindulfo Blanco y el juez Amílcar Marecos, fueron salvados.

Volviendo a la auditoría, el juez de Garantías, Carlos Vera, había concedido el hábeas corpus a Lindomar y ordenó que la Policía no lo molesto. La Corte dispuso auditar su gestión, pero fue blanqueado. La jueza Cynthia Garcete, por otro lado, también concedió un hábeas corpus a la pareja de presunto narcotraficante.