Con esta decisión de la máxima instancia judicial, el Tribunal de Apelación tiene vía libre para analizar la recusación planteada por la defensa del condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, en contra de la presidenta del Tribunal de primera instancia que tiene a su cargo el proceso de indemnización a las víctimas del usurero luqueño.

Luraghi fue designada en reemplazo de la magistrada Andrea Vera Aldana para integrar el tribunal de segunda instancia, junto a sus colegas Digno Arnaldo Fleitas y Arnulfo Arias, para entender en las causas “Ramón Mario González Daher y otros s/ Lavado de Dinero”; y “Fátima Patricia Ortiz Melgarejo s/ Estafa mediante Sistemas Informáticos”.

Una de las víctimas, el Arq. Julio Mendoza Yampey, propietario de la empresa M&T S.A y único querellante en el proceso que finalizó con la condena, promovió un juicio de reparación del daño e indemnización, en el que reclama al ex dirigente deportivo la suma de G. 381.153.330.554, en concepto de daños y perjuicios por daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance.