Determinó la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos a la vida, libertad de expresión y pensamiento, en perjuicio del periodista asesinado el 26 de abril de 1991.

También ordenó reinstalar el premio nacional de periodistas Santiago Leguizamón, crear un fondo de financiación para los periodistas del Paraguay y programas de prevención y hasta aprobar un proyecto de ley al respecto. Además, preservar los lugares de memoria de Santiago Leguizamón.

“Es interesante por el reconocimiento de las violaciones de los derechos. El mensaje es importante, que las autoridades entiendan que asesinar un periodista es un hecho sumamente grave y debe ser sancionado, que debe ser protegido, realizar medidas de protección y prevención para que no suceda más”, expresó Dante Leguizamón, hijo del periodista asesinado.