El Consejo de Superintendencia de la Corte, conformado por el ministro y presidente Alberto Martínez Simón y los vicepresidentes primero Luis María Benítez Riera y segundo Gustavo Santander Dans, resolvió instruir sumario administrativo a dos funcionarias del Palacio de Justicia de San Lorenzo que protagonizaron una “sesión de spa” y no atendieron la denuncia de una mujer.

Las sumariadas a partir de la Resolución CSCSJ N° 15 son Silvia María Sugasti Delgado, actuaria judicial, y Gessica Rosalía Caballero Cuquejo, técnico administrativo. A partir de esto, las funcionarias están sujetas a un proceso de averiguación, comprobación y esclarecimiento de los hechos que fueron denunciados.

Ambas habrían sido captadas en video durante una sesión de “spa” en plena Oficina de Atención a Víctimas de Violencia del Palacio de Justicia de San Lorenzo, cuando una mujer que acudió para denunciar un hecho de violencia. Además de que no se le tomó la denuncia, la afectada dijo haber sido revictimizada en esa oficina.

Igualmente, los ministros de la máxima autoridad judicial resolvieron suspender preventivamente a Sugasti Delgado y Caballero Cuquejo sin goce de sueldo mientras dure el proceso disciplinario o se dicte resolución dejando sin efecto dicha medida cautelar.

Para este proceso administrativo, fue designada como jueza instructora la abogada Analía Velázquez, superintendente general de justicia.

Ministro superintendente pidió investigar caso de “spa”

De acuerdo con lo que señala la resolución de la Corte Suprema de Justicia, el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, solicitó la instrucción de sumario a la actuaria judicial y a las demás funcionarias involucradas en el hecho captado en video por una mujer que fue para hacer su denuncia y que se viralizó por redes sociales.

El caso fue ampliamente difundido a través de publicaciones periodísticas el pasado 21 de marzo.

En reacción a ello y al material audiovisual, en el que se veía a las funcionarias en “modo spa y peluquería” y no atender la denuncia de una mujer que habría sido víctima de hechos de violencia, es que los ministros de la Corte Suprema de Justicia tomaron la determinación referida anteriormente.