La imputación fue formulada el 1 de octubre de 2026 por la agente fiscal Norma Concepción Salinas. Delvalle Almeida, de 30 años, y Rodríguez Merlo, de 28, quedan señalados por el hecho ocurrido el 28 de septiembre en el cementerio de Eusebio Ayala, donde Martínez Aricaye murió por impactos de arma de fuego y Aguilar resultó herida de gravedad.

Según la fiscalía, Rodríguez Merlo habría participado en la ejecución material y Delvalle Almeida habría dado las instrucciones. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para ambos.

El Ministerio Público sostiene que los hechos se originaron en una jineteada. Allí, según el relato fiscal, Delvalle Almeida y Rodríguez Merlo, junto con al menos otra persona aún no identificada, descrita con remera rosada, pantalón claro y quepis azul, compartieron y bailaron con las víctimas.

La expareja de Martínez Aricaye, Aníbal Javier Guanes López, habría reaccionado con molestia y se produjo una pelea en la que intervinieron Guanes López, Delvalle Almeida y el acompañante de remera rosada.

Posteriormente, indica la fiscalía, las víctimas se desplazaron por la ciudad en bicicleta. Una camioneta Toyota Fortuner blanca las habría seguido, se habría producido un cruce o colisión y las mujeres habrían sido subidas por la fuerza al vehículo.

Las maniobras, registradas por cámaras alrededor de las 05:01, se habrían repetido frente al domicilio de Guanes López. Luego el rodado se dirigió al cementerio, donde, según la hipótesis fiscal, se efectuaron los disparos. A las 05:22 aproximadamente la camioneta se alejó por la calle Libertad y giró hacia Acosta Ñu.

La imputación atribuye a Rodríguez Merlo y a la persona no identificada la condición de autores materiales de los disparos, y a Delvalle Almeida la de haber dado las instrucciones, por lo que lo considera autor moral. Ambos fueron imputados como coautores.

Entre los elementos citados figuran el levantamiento del cadáver, actas policiales, la autopsia con extracción de proyectiles, el certificado de defunción, un informe de la Dirección de Investigación de Homicidios y la declaración testifical de Guanes López.

La fiscalía solicitó seis meses de etapa preparatoria para completar diligencias e identificar a otros sospechosos, y requirió prisión preventiva alegando la gravedad del hecho, peligro de fuga y riesgo de obstrucción, en particular por la situación de la víctima sobreviviente.