“Esto me parece grave”, exclamó el ministro Ríos sobre las declaraciones de Rolón Fernández, publicadas por la radio Chaco Boreal, en donde habría expresado que la Corte presiona al fiscal Diego Arzamendia, quien investiga el caso de los ocupantes VIP de las tierras del Ministerio de Defensa en Chaco’i.

Agregó que la Corte, cada vez que considera que un hecho es motivo de investigación, comunica o hace la denuncia al Ministerio Público “respetando su autonomía funcional y de quienes eventualmente son designados a la investigación”.

Respecto a la información del citado medio, dijo desconocer si es una transcripción literal de las palabras del Fiscal General o una interpretación, pero consideró necesario mencionar que “la Corte nunca jamás decidió hacer una cosa así como lo que se publica” y que si hubo una actitud individual, se debe aclarar.

A su turno, el ministro César Garay, superintendente de Presidente Hayes, dijo que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue el que resolvió de forma unánime el inicio de una averiguación “ante la falta o ausencia de ninguna investigación en la sede pertinente, la sede penal, ante hechos notorios”, debido a que transcurrieron varios meses sin que tengan información al respecto.

Manifestó además, que en su carácter de ministro superintendente, es quien recibe las quejas y denuncias de esa circunscripción judicial, evitando la intromisión del más alto Tribunal en ningún caso y que lo que se pretende es que se investigue dicho caso de ocupación de tierras del estado.

Según el audio de la entrevista divulgada por la citada emisora, dijo que “hay un ministro de la corte que insiste en enjuiciar a un fiscal” refiriéndose al fiscal Arzamendia, por el pedido de investigación del caso que hizo el ministro Garay como representante de la Corte ante el JEM.

“Hoy el tema se traslada a los fiscales por no haber imputado”, dijo Rolón Fernández, en referencia a lo resuelto por el Jurado en la tarde de ayer, sobre la remisión de los antecedentes a la Dirección de Asuntos Legales del Jurado para el estudio de la pertinencia de la apertura de una investigación preliminar previa o enjuiciamiento de oficio.