«Hace que Paraguay aparezca como el lugar desde donde las conductas de lavado se fueron desarrollando específicamente a lo del rol de la casa de cambios individualizada en Pedro Juan Caballero», resaltó la fiscal Molas.

El caso se desarrolla en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), que facilita la asistencia mutua entre países para combatir delitos como el narcotráfico y el lavado de dinero. Esta cooperación internacional ha sido esencial para obtener pruebas y declaraciones desde Brasil, lo que refuerza la causa en Paraguay.

En esta etapa del juicio, se presentaron testigos clave que lideraron la investigación en Brasil. Uno de ellos fue el jefe de la unidad investigativa brasileña, quien explicó ante el tribunal que el caso se originó a partir de dos aristas: el tráfico de drogas entre Paraguay y Brasil y el lavado de activos, siendo este último el foco central del juicio en curso. El testigo detalló cómo las autoridades brasileñas lograron incautar cargamentos de cocaína en diferentes estados, lo que permitió desentrañar la red de narcotráfico con fuertes conexiones en Paraguay.

La fiscal Molas destacó el uso de técnicas avanzadas de investigación, como la intercepción telefónica y la quiebra del sigilo telemático, que posibilitaron el acceso a correos electrónicos y cuentas bancarias. Gracias a estas herramientas, se pudo identificar que la organización criminal operaba desde Paraguay, usando casas de cambio en Pedro Juan Caballero y creando empresas fantasmas para blanquear grandes sumas de dinero.

El principal operador en Paraguay, Julio César Duarte Servián, actualmente sometido a juicio, fue señalado por el testigo como pieza central en la red de lavado. Utilizaba métodos como el «pitufeo», que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en múltiples transacciones pequeñas, y el sistema «dólar cable», una técnica común para transferir fondos de origen ilícito a nivel internacional.

Asimismo, se mencionó que Duarte Servían, está bajo investigación en Brasil por su presunta participación en una importante incautación de dinero en Curitiba.

Antecedentes del «Caso Status»

La investigación de lavado de activos “Caso Status”, desarrollada en Brasil, permitió obtener información clave sobre los objetivos principales, Kleber y Jefferson García Morínigo, además de Robson Lourival Alcaraz Ajala, señalado como contador de la organización dedicada al tráfico internacional de cocaína. Las comunicaciones obtenidas por las autoridades brasileñas identificaron a varios individuos operando en Paraguay en favor del Clan García Morínigo, entre ellos Julio César Duarte Servián, Víctor Javier Paredes Valenzuela y Luis Alberto Benítez Escobar, así como a otras personas y empresas vinculadas al lavado de activos en el país.

Julio César Duarte Servián, según la investigación, era el encargado de autorizar pagos y coordinar la entrega de sumas de dinero a favor de la organización criminal, en colaboración con Robson Lourival Alcaraz Ajala, quien permanece prófugo y es considerado el operador financiero del Clan García Morínigo.

Otro de los implicados, Juan Darío Echagüe González, operó como accionista y propietario de Zafra Cambios S. A., sucursal de Pedro Juan Caballero, y como condómino de Julio César Duarte Servián. Juntos adquirieron varios bienes muebles e inmuebles entre 2019 y 2020. Echagüe también intentó adquirir acciones de la casa de cambios Uniexpress S. A. en 2015, pero la operación fue revertida debido a inconsistencias en su declaración patrimonial.

Por su parte, Noelia Giménez, pareja de Duarte Servián, facilitó diversas operaciones financieras a favor de la organización criminal, tanto en Zafra Cambios como en Uniexpress S. A. Giménez también estuvo involucrada en la adquisición y legitimación de bienes de alto valor a su nombre, en un esfuerzo por ocultar el origen ilícito de los fondos.

El juicio se lleva a cabo ante el Tribunal de Sentencia, compuesto por los jueces Federico Rojas, María Luz Martínez y Dina Marchuk, quienes serán los encargados de evaluar las pruebas y testimonios presentados.