La decisión, según señala la resolución 01/2024, se basa en las reiteradas denuncias recibidas por la Junta Departamental por parte de asociaciones, gremios y trabajadores que se dedican al traslado de mercaderías. Las denuncias señalan que Soto se ha mostrado renuente a recibir las denuncias ciudadanas, cerrando las puertas de la institución al diálogo y faltando al respeto a las autoridades locales y departamentales.

La Junta Departamental aclara que no apoya el contrabando y respalda los controles aduaneros en los diferentes puestos fijos del departamento. Sin embargo, rechaza los controles en el microcentro y barrios adyacentes, que consideran una persecución constante y directa hacia los comerciantes, trabajadores y transportistas.