El pedido incluye la solicitud de que los medios de prensa puedan acceder a la audiencia, lo que no es común en este tipo de diligencias, ya que generalmente están vedadas al público, salvo en instancias previas a su sustanciación. En ese sentido, el abogado Tuma considera que el acceso irrestricto de los trabajadores de prensa es pertinente, argumentando el «interés público de la causa».

En cuanto a los fundamentos para sustituir la prisión preventiva por una medida menos gravosa, como el arresto domiciliario, el abogado argumenta la inexistencia de peligro de obstrucción. «Es fundamental destacar que esta posibilidad no existe en el caso de mi defendido. Todos los elementos documentales y pruebas que respaldan la imputación ya se encuentran en poder de los agentes fiscales y las autoridades competentes. Esto significa que no hay forma en que mi defendido pueda interferir en la investigación en curso, ya que toda la evidencia relevante ha sido recolectada y presentada por el Ministerio Público», afirmó.

Tuma subrayó que el proceso investigativo se encuentra en una etapa avanzada, con la totalidad de la documentación necesaria ya en poder de las autoridades. «Dado que no queda evidencia adicional que pudiera ser alterada o manipulada, se elimina cualquier riesgo de que mi defendido interfiera con el desarrollo de la investigación. Toda la documentación ha sido analizada y archivada, por lo que no existe posibilidad de que mi defendido tenga acceso a ella para influir en el curso de los acontecimientos», agregó.

El abogado también destacó que los testimonios de los testigos y peritos ya han sido recolectados y presentados a las autoridades competentes, y que su defendido no tiene contacto con los actores clave del proceso. «Esto hace imposible que pueda influir en ellos o en la versión de los hechos que ya ha sido formalmente documentada», explicó.

Finalmente, Tuma sostuvo que el peligro de obstrucción suele surgir cuando existe la posibilidad de influir en la producción de pruebas o manipular la evidencia, pero en este caso, tanto los documentos como las declaraciones ya forman parte del expediente. «No existe riesgo de alteración o interferencia. La imposibilidad de obstruir los testimonios o influir en el desarrollo de la investigación reafirma que no hay razón válida para mantener la prisión preventiva de mi defendido bajo el supuesto de peligro de obstrucción», concluyó.

De esta manera, Tuma asegura que tanto el riesgo de fuga como el de obstrucción están descartados, por lo que se cumplirían los requisitos para el arresto domiciliario, garantizando la sujeción de su defendido al proceso.

De acuerdo a la imputación, la estancia “Negla Poty”, ubicada en Pedro Juan Caballero, adquirida por Alexandre Rodrigues Gomes, habría sido utilizada por este y su padre, Lalo Gomes (+), a los efectos de simular actividad ganadera y así acceder a préstamos del rubro para lavar dinero.

En ese sentido, Eulalio Gomes Batista (abatido esta madrugada por la Policía durante el allanamiento a su vivienda) y Alexandre Rodrigues Gomes habrían accedido a amplias líneas de créditos en diferentes entidades bancarias bajo el argumento de los negocios ganaderos que tenían, sin embargo estos habrían sido solo una simulación.

Informes remitidos por Senacsa con relación a la actividad ganadera que se ha realizado en el referido inmueble entre 2019 y 2021, revelan que otras personas jurídicas vinculadas a la investigación Pavo Real también habrían tenido cabezas de ganado en dicho lugar.

Este dato indicaría que hace varios años el grupo criminal viene explotando el establecimiento rural, e incluso no solo con fines de mover el dinero ilícito a través de la ganadería, sino también para la realización de hechos punibles directamente relacionados con el narcotráfico.

El Observador