La defensa sostiene que el auto de elevación a juicio y la sentencia 481 del 6/12/2022 sobre el hecho de lesión de confianza gira en torno a la firma del Contrato Nº 32/2012 suscripto en fecha 21 de noviembre de 2012, se inicia el proceso de pago en fecha 28 diciembre de 2012, suscribiéndose la Orden de Pago en fecha 28 de enero de 2013, culminando con la transferencia de fondos a la empresa Televox S.R.L. el 29 de enero de 2013.

“En el caso bajo examen tenemos que el plazo corre desde el momento que termine la conducta punible que fue realizado el 29 de enero de 2013 y por aplicación del art. 102 inc.4º en concordancia con el art. 104 inc.2º del Código Penal el doble del plazo de la prescripción se produjo en fecha 29 de enero de 2013, correspondiendo en consecuencia declarar operada la prescripción en esta causa dictando la resolución correspondiente”, refiere el escrito.

Alegan que de acuerdo al artículo mencionado, en el inc. 2, establece que operará la prescripción independientemente de las interrupciones, una vez transcurrido el doble del plazo, “es decir, es mera matemáticas, a la fecha, ha transcurrido 10 años desde la conducta que se atribuye a Francisco De Vargas, es decir, la causa, en cuanto a la conducta que fue objeto de juzgamiento está irremediablemente prescripta”.

La Cámara corrió traslado al Juzgado de origen a fin de que se pronuncie sobre los incidentes de prescripción planteados, teniendo presente para el efecto el principio de la doble instancia y a fin de evitar que pudieran recaer resoluciones contradictorias en la presente causa, según indica la resolución firmada por el juez José Delmás.

De acuerdo a la acusación, durante la administración de De Vargas el Estado paraguayo desembolsó G. 9.406.120.000 y durante la administración de Rojas, G 1.252.000.000 por equipos de inteligencia adquiridos de la empresa Televox, equipos que de acuerdo a las pruebas, nunca ingresaron al país.

El Tribunal de Sentencia, integrado por Cándida Fleitas, Sonia Villalba y Darío Báez, por mayoría, condenó en diciembre pasado Francisco de Vargas a 3 años de cárcel, mientras que Luis Rojas recibió una condena de 4 años y 6 meses.

Durante ese juicio también fueron condenados Antonio Salvador Pereira, director de Administración y Finanzas en el período 2012 y Adalberto Javier Benítez, director de Administración en el periodo de Luís Rojas, quienes recibieron una condena de dos años con suspensión a prueba de ejecución.

Por su parte, Nicasio Bóbeda, propietario de Televox SRL y su hijo Alfredo Javier Bóbeda Mongelós, condenados a cuatro años de cárcel. En tanto Silvio Amarilla, exdirector de Inteligencia y Jessica Reyes, exasesora Jurídica, fueron absueltos.