La diligencia fue reprogramada por el juez Rodrigo Estigarribia, para el lunes 27 de mayo, fijada para esa fecha de manera tal a otorgar a la defensa de Roa, ejercida por el Abg. Gustavo González Planás, tenga tiempo suficiente de analizar la documentación solicitada.

Joaquín Daniel Roa Burgos está acusado por cohecho pasivo agravado en calidad de autor, lavado de dinero, en calidad de coautor, lesión de confianza, administración en provecho propio, ambos en calidad de autor; asociación criminal previsto en calidad de coautor y lavado de activos en calidad de coautor.

Por su parte, Alberto Koube Ayala, por lavado de dinero en calidad de autor, lesión de confianza en calidad de cómplice, asociación criminal en calidad de coautor y lavado de activos en calidad de coautor.

La acusación fue admitida el 30 de abril pasado y esta es la primera suspensión de la audiencia preliminar.

Según la acusación, entre enero del 2018 a diciembre del año 2021, Joaquín Roa Burgos, mientras que se desempeñaba como Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), recibió beneficios económicos indebidos de parte del empresario Alberto Koube Ayala, con quien posteriormente entabló una sociedad ilícita. A cambio de estos beneficios recibidos, el acusado Joaquín Roa Burgos adjudicó por lo menos once licitaciones a las empresas de Alberto Koube Ayala y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, y en ese orden ordenó pagos por un valor aproximado de G 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.

La investigación reveló que Roa, en agosto del 2018, recibió de su asociado Alberto Koube Ayala, representante legal y propietario del Grupo Tapyracuai S.A., una embarcación de la marca Azimut AZ 42, importada por la empresa que era la representante oficial en Paraguay de la referida marca de yate, cuyo valor en el mercado asciende a USD 450.000 a cambio de adjudicaciones de licitaciones a través de los fondos de emergencia, de las cuales se han descubierto que pertenecían principalmente a los rubros de “alquiler de camiones y de provisión de chapas de fibrocemento”, a través de estructuras jurídicas empresariales propias y de terceros. Es decir, recibió una embarcación de Alberto Koube producto de un hecho antijurídico y realizó actos de ocultamiento respecto al objeto.

El Observador