El pasado viernes 29 de abril, Norman Hellmers, bajo patrocinio del abogado Gerardo González, denunció penalmente a los Agentes Fiscales Sonia Pereira e Irán Suárez por la comisión del hecho punible de persecución de inocentes y a Eduardo Alfaro Parot, presidente de Terminal Occidental S.A. (TOSA) por el hecho punible de denuncia falsa.

El caso refiere que Eduardo Alfaro Parot, en su carácter de presidente de TOSA otorgó poder a abogados para formular “denuncias basadas en relatos de hechos falsos” y logró que los Agentes Fiscales denunciados formulen imputaciones contra Norman Hellmers y Paul Hellmers por los hechos punibles por “lesión de confianza y estafa, criminalizando cuestiones civiles”.

Al respecto, la Fiscal Sonia Pereira fue denunciada por haber tomado intervención a pesar de que la misma no era competente por razón del territorio (la misma es Fiscal de Luque y debió ser competente un Fiscal de Asunción), por haber realizado actos de investigación supuestamente a espaldas del Juzgado Penal durante 7 días y por haber formulado imputación haciendo un copy page de la denuncia formulada por TOSA.

El Fiscal Irán Suarez formuló imputación por estafa en un caso de un supuesto incumplimiento de contrato y para ello utilizó informes unilaterales proveídos por TOSA.

Según la denuncia, ambos Fiscales actuaron de la misma manera al formular imputaciones “sin siquiera llamar a prestar declaración indagatoria a los denunciados”. Asimismo, llamativamente solicitaron la aplicación de medidas cautelares utilizando el mismo escrito. Incluso, el Fiscal Irán Suárez transcribió información que únicamente obraba en la causa llevada por Sonia Pereira.

La denuncia resalta que de la comparación los escritos presentados por ambos fiscales, se concluye que sus contenidos son idénticos, incluso llamativamente ambos pidieron la aplicación de medidas cautelares de la firma Signature SRL, a pesar de que las personas jurídicas son inimputables y, por ende, no se les puede aplicar las medidas cautelares establecidas en el Código Procesal Penal.

La denuncia se presentó ante la Unidad Penal de Derechos Humanos del Ministerio Público.