La denuncia fue presentada el 12 de septiembre pasado, acompañada de un informe de Psicología de Bienestar de Personal del Poder Judicial en el cual se exponen las situaciones por las cuales habrían pasado las víctimas.

Las afectadas afirmaron haber sufrido maltrato, hostigamiento, aislamiento y hasta incluso ser atacadas por cuestiones de la vida privada de las víctimas.

Estos son fragmentos de relatos sobre los maltratos que habrían sufrido las funcionarias, de acuerdo a la denuncia:

Una de ellas, al tener un entredicho laboral con la hoy denunciada, intentó explicarle sobre lo ocurrido, pero esta respondió: “no quiero escucharte me dice, cosas básicas que cualquier persona torpe con mediana preparación puede hacer te seguís equivocando, no te podes seguir equivocando en esto, haciendo alusión a márgenes de la hoja. Esto que es, no se puede presentar así, es un trabajo horrible”.

Otro de los relatos expresa: “ cada vez que quería maltratarme a mí, daba un ‘café’ pero dirigiéndose a todos, ya no lo hacía de manera directa, sino más bien cada vez que quería llamarme la atención por alguna cosa entraba gritando en la oficina haciendo un sermón general haciendo expresiones inapropiadas como: ‘les vale verga mis instrucciones’, ‘nos hacen quedar ante el consejo como el asterisco’ y ‘no puede un actuario justificar su torpeza’, creando de esa manera un ambiente de incomodidad entre mis compañeros y yo pues cada vez que él se encontraba disconforme con mi trabajo.

Estos ataques son atribuidos, de acuerdo al informe, a Roque Núñez Garcete, uno de los funcionarios que fue designado por Analía Velázquez Argaña.

Las víctimas señalaron que “desde el momento de la asunción de la Superintendencia, no hemos podido trabajar con la misma Velázquez Argaña, atendiendo a que la Superintendencia tiene a su cargo dependencias de cómo ser las Unidades de Análisis, las Secretarías de Instrucción Sumarial y las Oficina de Asesoría, que deberían de trabajar en forma coordinada con la Superintendente a efectos de optimizar la función que desempeña cada dependencia en forma armónica. Sin embargo, desde el cambio, las directivas son dadas a los funcionarios, la Coordinadora Claudia Santacruz y Abg, Roque Nuñez, ante la realidad de las múltiples situaciones, no sabemos si las directivas proviene de la Superintendente, e incluso se solicitan cambios muy sustanciales en los informes de actuaciones preliminares que no es el criterio analizado y que no sabemos si ese cambio es solicitado realmente la Superintendente pues tenemos contacto deco con la misma, ni siquiera se da, el motivo de cambio del criterio”.

Agregaron que desde su llegada al cargo, “se ha desplegado un hostigamiento reiterado, maltrato, aislamiento, llegando incluso a descalificaciones humillantes, incluso llegando a ser alusiones de la vida privada implicando incluso a la exposición indebida de la intimidad, la imposición de tareas dentro de las investigaciones que no son conducentes, la negación injustificada de permisos, como ser la de ir a almorzar, llegando incluso a la imposición de requisitos que implique un menoscabo a la condición laboral, utilizando gestos que producen produce un ambiente intimidatorio, hostil, persecutorio, y la vigilancia extrema”.

Según la denuncia, tras comunicar formalmente sobre acoso laboral, las funcionarias fueron trasladadas de su lugar de trabajo violando así la Acordada 1669/2022 Contra la Violencia Laboral, que refiere que las víctimas de acoso laboral no pueden ser trasladadas y tampoco se podrá recortar o quitar los beneficios que tienen pero la Corte maniobró para sacarlas de su lugar de trabajo, ponerlas a disposición en represalias a la denuncia que hicieron.