La acción penal contra la juez Meaurio fue presentada por el ciudadano Roque Schallenberger por derecho propio y bajo patrocinio del abogado Edison Chávez.

La historia comenzó el 28 de octubre de 2022, a las 12:40, cuando los abogados Héctor Santacruz Domínguez y Juan Ángel Rojas Benítez, amparados en un poder falso -otorgado supuestamente por Pedro Erno Gerhard- irrumpieron de manera violenta y tomaron posesión de una propiedad privada ubicada en el km 45 Monday, a 14.000 metros de la Ruta PY02, distrito de Yguazú, perteneciente legítimamente a Roque Schallenberger.

Los falsificadores, incluso, denunciaron una supuesta invasión de la citada finca, que era arrendada por Rogelio Schleicher Lunkes, a quien prohibieron mediante la incursión de efectivos policiales continuar con los trabajos de preparación de tierra para la siembra. Los mismos exhibieron un documento del supuesto titular del inmueble, Pedro Erno Gerhard, e intimaron por 48 horas a Schleicher para abandonar la finca. El documento falso llevaba las firmas de Pedro Erno Gerhar, Héctor Santacruz Domínguez y Alejo Fretes.

DENUNCIÓ A LOS INVASORES

A raíz de la situación originada, el verdadero dueño del inmueble, Roque Schallenberger, presentó una denuncia formal en la Fiscalía de Yguazú en contra de los ocupantes ilegales. El recurrente presentó el título de propiedad de 122 hectáreas. Ese mismo día, una comitiva fiscal realizó una constitución en el lugar, constando la presencia de extraños, quienes manifestaron ser empleados por un al Plinio Pereira, además de varias maquinarias operando.

También en el momento del procedimiento se presentaron en el lugar Héctor Santacruz Domínguez y Juan Ángel Rojas, presentando el documento apócrifo, que luego se confirmó que no fue confeccionada por la escribana María Teresa Pérez de Encina y el poderdante ya había fallecido en el 2008.

Por dicho motivo, el Ministerio Público imputó a Héctor Santacruz Domínguez y Juan Ángel Rojas Benítez, quienes hasta el momento se encuentran prófugos de la justicia y están litigando desde la clandestinidad.

TAMBIÉN RECURRIÓ AL ÁMBITO CIVIL

Roque Schallenberger también recurrió al ámbito civil y presentó un interdicto de recuperar la posesión en el juzgado civil de Juan León Mallorquín, que le concedió la medida cautelar de prohibición de innovar. De esa manera, se debía paralizar toda actividad dentro de la propiedad. Sin embargo, los invasores no respetaron la disposición judicial y plantaron soja en el inmueble ajeno. Al mismo tiempo, presentaron un interdicto de retener la propiedad en el mismo juzgado de Mallorquín y con recusación sin causa a la jueza de la causa.

De esa manera, el expediente pasó a Ciudad del Este y desde el 1 de diciembre de 2022 está a cargo de la juez Maricel Meaurio Samudio, quien después de recibir el expediente y a sabiendas de que existe una prohibición de innovar sobre el inmueble en cuestión, el 6 de diciembre de 2022 concedió una medida cautelar para fumigar la plantación de soja, que los invasores habían plantado en abierta violación de la medida de prohibición de innovar.

La magistrada dispuso tal decisión sin siquiera tener un informe judicial o administrativo de ubicación u otros detalles sobre el inmueble. “Y groseramente fijó fecha 14 días después para la audiencia de sustanciación del interdicto, pese a mi pedido de adelantamiento para el 29 de diciembre del 2022, violando todos los principios sumario para dicho tipo de juicio”, refirió el denunciante.

Agregó que en el día de la audiencia se presentó, vía telemática, el abogado Víctor Ramón Valdez Alonso, en representación de los forajidos Héctor Santacruz y Juan Ángel Rojas a recusar sin expresión de causa a la magistrada Meaurio. La misma debió resolver en el momento la cuestión para no suspender la audiencia del interdicto o inmediatamente al día siguiente, como dispone el Art. 24 del C.P.C., y que hasta la fecha no lo resolvió.

“La juez teniendo a su cargo la dirección y decisión del expediente supra mencionado, está violando mi legítimo derecho de que se resuelva en forma sumaria los interdictos planteados conforme a derecho. Además, el Juzgado dictó irregularmente sendas providencias pese a estar recusado”, señaló el accionante en su escrito.