Liseras recordó que solo cuatro empresas tienen autorización de Conajzar para explotar rifas comerciales en todo el país. Esas firmas pagan un canon elevado y están sujetas a control. Fuera de ese grupo, la entidad detectó sorteos que operan con habilitaciones comunales o con pagos mínimos.

Mencionó que la Ley 7438 permite a los municipios autorizar rifas sociales, deportivas, educativas o religiosas, y también rifas comerciales de carácter estrictamente local. Sin embargo, el límite es territorial: el permiso no habilita a vender ni promocionar fuera del municipio. Resaltó que no puede vender, comercializar o promocionar por redes sociales, sitios web, WhatsApp, Twitter o Telegram, porque eso sobrepasa los límites del ejido municipal.

El alto funcionario detalló que los casos se concentran en Ciudad del Este, Alto Paraná y el Departamento Central. Allí, según Conajzar, intendentes habilitan rifas comerciales que luego se venden a escala nacional con jóvenes de gran audiencia. Liseras calificó esas operaciones como explotación clandestina y hecho punible si no media autorización de la entidad.

El riesgo no es solo fiscal. Sin reglamento de juego ni control, no hay certeza de que los premios se entreguen. Además, al no pagar el canon correspondiente, se genera evasión. La entidad ya presentó denuncias ante la Fiscalía y prepara otras, junto con operativos con la DNIT. Anunció además acciones inminentes contra organizadores y promotores que publicitan estos sorteos en redes.