Los abogados del matrimonio manifestaron que tienen dudas sobre la manera en que fue constituido el Tribunal. “Son magistrados bien considerados por la sociedad, pero venimos a atacar la falta de la competencia, que es lo que nos genera duda. Esto ya fue atacado en forma recursiva, pero no se han expedido sobre el fondo de la cuestión, por ello recurrimos a esta vía”.

En sus fundamentos, la defensa expuso que a raíz del dudoso criterio de conformación del Tribunal, nace una sospecha en cuanto a la imparcialidad del colegiado a cargo del juzgamiento.

Los defensores sostuvieron que ya se había integrado un Tribunal de Sentencia, con la Unidad del Crimen organizado, donde figuraban como miembros titulares Víctor Alfieri, Dina Marchuk y Gloria Hermosa, pero posteriormente el Tribunal fue sustituido con la incorporación de Cándida Fleitas, del fuero especializado, “lo cual a criterio de esta defensa no se puede porque se está violando el principio de perpetuación de jurisdicciones”.

Según explicaron el Tribunal tenía que estar integrado por Cándida Fleitas, Dina Marchuk y Gloria hermosa, o por Cándida Fleitas y otros dos magistrados que sean designados conforme a sorteo de acuerdo a la lista de magistrados afectados al Tribunal de Sentencia.

“Tenemos una cuestión de que no hay un criterio uniforme para la conformación del Tribunal, no debería ser este el Tribunal que intervenga en este juicio, son cuestiones administrativas que a nuestro modo de ver son irregulares”, complementaron.

Tras escuchar los fundamentos de la defensa, el Tribunal resolvió elevar el informe correspondiente al Tribunal de Apelaciones para que se expida sobre la cuestión.

Lo que dice la acusación

Francisco Javier Díaz Verón está acusado de Enriquecimiento Ilícito en carácter de autor, y María Selva Morínigo Vargas, por el hecho punible de lavado de dinero. De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, el matrimonio realizó compras e inversiones que superan ampliamente su capacidad adquisitiva, por valor de G. 10.495.174.320, monto que se refleja como diferencia en las declaraciones juradas presentadas por ambos a partir del 2014.

La acusación tiene como tesis que Javier Diaz Verón, en su calidad de funcionario público, ha realizado adquisiciones, inversiones y cancelaciones de deudas que han sobrepasado sus legítimas posibilidades económicas y las de su cónyuge.

El año 2017 el matrimonio finalizó con un flujo neto por valor de G. -10.495.174.320, cuyo monto es el resultado de la sumatoria entre el saldo inicial negativo con el cual empezaron el año 2017 (arrastre del año 2016) más el déficit obtenido en ese mismo ejercicio.

María Selva Morínigo está acusada de lavado de dinero, ya que según las investigaciones, pretendió dificultar el conocimiento real de la procedencia de las adquisiciones e inversiones realizadas por el matrimonio, a través empresas y facturas por honorarios profesionales, buscando así justificar la ilegitimidad de los ingresos.

Se presume que la misma utilizó la firma Lagunita SA para hacer pasar por lícita ciertas inversiones que no cuentan con justificación legal: Lagunitas SA., sobre todo en cuanto a la adquisición de cabezas de ganado, para su posterior venta y de esa forma lograr ingresos justificados y que no ingresen directamente a su patrimonio, sino a través de la referida empresa, ya que todo lo producido y invertido en el lugar se registrarían como actividades propias de la sociedad y no se vincularía dicho incremento patrimonial con el del matrimonio.

Otra de las formas en que la acusada pretendió encubrir el origen real del incremento indebido de Díaz Verón, fue mediante elaboración de facturas legales entre los años 2013 a 2017, en concepto de honorarios profesionales a supuestos clientes, servicios que nunca fueron prestados, según la presunción.

Las empresas que también formarían parte del esquema de lavado de dinero son Salty River, Canto Rodado SA y Yerutí SRL, a través de las cuales María Selva habría efectuado diversas operaciones con la intención de ocultar el origen ilegal del dinero obtenido por el matrimonio.

El exfiscal General del Estado fue designado como “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por su participación en hechos ilícitos, convirtiéndose en el primer paraguayo en formar parte de la lista a la que fueron agregadas unas 40 personas en el mundo, durante el 2019.