La comisión especial encargada de analizar las 23 supuestas irregularidades en la administración de Acevedo recomienda al pleno, por unanimidad, rechazar y mandar al archivo el pedido que fuera planteado por siete atolondrados integrantes de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, amparados en el padrinazgo político del diputado Juancho Acosta y del ex gobernador liberal de Amambay Pedro González Ramírez, más un bando de seccionaleros trasnochados, quienes están en puertas de sufrir un contundente, humillante y bochornoso revés, su defunción política, tras haber convulsionado el ambiente local durante siete meses, con denuncias descabelladas y sin fundamento legal, sin necesidad alguna, a no ser su presunto interés en los 43 mil millones de guaraníes que la administración José Carlos Acevedo tiene en caja.

El presidente de la comisión investigadora Salustiano Salinas (PLRA) mencionó que los miembros del órgano por unanimidad dictaminaron por el rechazo del pedido de acuerdo porque “no existió daño patrimonial, sino falta administrativa”.

Según dijo, se basaron en un informe de la Contraloría General de la República. También dijo que las faltas administrativas son un problema que tienen todos los municipios y que en el caso de Pedro Juan Caballero ya fueron contestadas a la Contraloría.

“Los concejales le denunciaban al intendente por algo que en su momento ellos mismos aprobaron.

Es evidente que existe un interés político”, indicó. Asimismo, manifestó que se suman otros elementos, como la suspensión por un año de las elecciones municipales por la pandemia y, por el otro lado que las intervenciones municipales, generalmente, desembocan en las destituciones de los intendentes.

Indicó que la Constitución habla de llamar a elecciones, pero que ello no podría aplicarse teniendo en cuenta que suspendieron los comicios por la pandemia.