José González, director jurídico del IPS, ha dado a conocer que la investigación se puso en marcha a raíz de denuncias relacionadas con la venta de cargos, así como con contratos, nombramientos y recategorizaciones irregulares dentro de la institución. La evidencia recabada incluye la realización de entregas vigiladas y el hallazgo de una vivienda utilizada para llevar a cabo estos cuestionables “trámites”.

Según González, el número de denuncias no deja de crecer, y cada día se presentan más personas con pruebas que respaldan las acusaciones iniciales. En el caso de los funcionarios del IPS, se les ofrecía la posibilidad de obtener recategorizaciones a cambio del pago de G. 6.000.000.

El objetivo de las autoridades es desmantelar por completo la red de estafa que parece haber operado dentro del IPS durante un período de tiempo significativo. La gravedad de las acusaciones ha llevado a una investigación exhaustiva por parte de la Dirección Jurídica y el Ministerio Público, que ha revelado detalles escalofriantes sobre el alcance de la supuesta corrupción en la entidad.

Entre las pruebas recopiladas por el Ministerio Público se encuentran una computadora y una agenda, además de planillas con datos detallados de las personas involucradas en el escándalo. Estas planillas estaban organizadas por colores de semáforo, lo que indicaría el estado de los individuos en el proceso de venta de cargos y nombramientos. Había categorías para aquellos que ya habían ingresado, los que estaban por hacerlo y aquellos que aún no habían sido incluidos en el sistema.

Además, se encontraron documentos que especificaban a pedido de quién se realizaba la inclusión de un funcionario en el esquema, dando indicios de la existencia de una estructura organizada detrás de la supuesta venta de cargos.

Un detalle que ha causado controversia es la liberación de uno de los involucrados en el esquema de estafa. Jorge Aquino, quien había sido detenido por su presunta participación en las actividades ilícitas, es hijo del abogado Ramón Aquino, conocido por representar a Juan Carlos Galaverna, una figura influyente en la política paraguaya. Durante el allanamiento en la vivienda donde se encontraron evidencias, Ramón Aquino habría alardeado ante los agentes de su influencia a través de Galaverna. A pesar de esto, la casa allanada es propiedad del abogado mencionado.

La liberación de Jorge Aquino ha generado controversia, ya que muchos consideran que su implicación en el caso podría obstruir la investigación en una etapa incipiente. Dado que en su casa se llevaba a cabo parte del proceso de enrolamiento de los funcionarios involucrados, su liberación plantea interrogantes sobre su posible involucramiento en las actividades ilegales.

Fuente: ABC Color.