En su escrito, el Presidente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) Óscar Orué refiere que las atribuciones legales de la institución fueron violentadas por el Juan Villalba Idoyaga, ya que las facultades constitucionales y legales de la misma fueron conculcadas en detrimento directo del cumplimiento de los fines estatales, viéndose agraviada la propia facultad constitucional recaudatoria del Poder Ejecutivo.

La acusación ante el JEM contra el agente fiscal se sostiene en que, según el acusador, el Fiscal Corvalán incurrió en un mal desempeño al presentar un requerimiento de desestimación de la denuncia contra Villalba, argumentando que no se reúnen los requisitos de ninguno de los hechos que se le atribuye en la denuncia.

“No obstante, de las constancias de autos se advierte que dicho requerimiento deviene absolutamente arbitrario debido al material probatorio existente en autos, del cual no puede derivar, bajo ningún sentido, una desestimación. De lo expuesto se infiere que el Fiscal ha ignorado abiertamente las pruebas producidas en autos” se lee en el escrito. Sostiene que el agente cayó en afirmaciones dogmáticas sin ningún tipo de sustento legal, omitiendo la realización de diligencias o catos por medio de los cuales pueda sustentar la razón de sus dichos.

Con relación a la Fiscal Adjunta Patricia Rivarola, señala que la misma se ratificó en el pedido de desestimación del fiscal inferior y, en su resolución, menciona los acontecimientos denunciados como “altercados o malentendidos” por parte de Juan Villalba, quien entonces se desempeñaba como Director del Mercado Nº 4 de Asunción, quien impidió que funcionarios de la entonces SET realizaran su trabajo, que intentaban realizar una fiscalización en el año 2023. Orué denunció que la institución fue víctima de hechos de coacción, usurpación de funciones públicas y resistencia.