Aseveró que desde el punto de vista jurídico, no existe causal alguno. “Si hay algo ajeno a lo jurídico, como que la Junta pida la intervención, ahí podría ser”, explicó.

Torres indicó que la Contraloría General de la República podría equivocarse y que ya lo hicieron anteriormente.

Sostuvo que el único órgano que tiene jurisdicción y debe determinar si hubo alguna irregularidad administrativa es el Tribunal de Cuentas. Añadió que si se van a debatir cuestiones administrativas no se puede derivar al fuero civil, laboral o penal, lo que corresponde es que actúe dicho Tribunal.

Finalizó diciendo que hay que defender la autoridad financiera del municipio.