Se trata de María Selva Moreno Estigarribia, Sergio Brítez Cristaldo y Teresa Rosana Gómez Martínez, quienes fueron imputados por la presunta producción de documentos no auténticos, en calidad de autores. Los mismos deberán cumplir medidas alternativas, como la prohibición de salir del país, y se estableció una fianza de G. 100 millones. 

El magistrado mencionó que el fiscal Alcides Corvalán se limitó a requerir de manera genérica la aplicación de medidas alternativas a la prisión, omitiendo especificar las medidas concretas que estimaba conducentes para el caso. En consecuencia, el juzgado, tras valorar de manera integral las circunstancias particulares de la causa, consideró oportuna y proporcionada la libertad ambulatoria y la fijación de ciertas medidas para asegurar que los imputados se sometan al proceso. 

En la misma causa, existen dos procesados cuya audiencia de imposición de medidas no se realizó debido a que solicitaron copias del expediente. Se trata de los docentes Eva López y Sergio Pereira.

De acuerdo a la imputación, estas personas habrían presentado ante el Sistema Integrado para la Gestión del Ministerio de Educación (SIGMEC) títulos que los acreditaban como Licenciado en Ciencias de la Educación con Énfasis en Educación Escolar Básica por la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), documento que habría sido utilizado para la actualización documental correspondiente y que se encontraría vinculado a la obtención de rubros docentes dentro del MEC.

El informe remitido por la propia UAA, institución a la cual se atribuye la expedición del documento, refiere que los procesados no registran matrícula, antecedentes académicos ni registro de egreso alguno, dejando establecido que no fueron alumnos, de dicha casa de estudios. 

Además alertó que sobre inconsistencias en las firmas consignadas y en los sellos institucionales de los documentos presentados por los imputados, señalando que aquellos no corresponden a las autoridades registradas ni a los patrones oficiales utilizados.