Esta intervención fue solicitada por las autoridades actuales de la previsional, quienes solicitaron una auditoría especial, que contemple por un lado el informe de la Contraloría General y por el otro, toda la información adicional de otras dependencias de la previsional.

En efecto, se pondrá especial foco en aquellas unidades cuyos procesos tienen afectación financiera, y de esa manera determinar el grado de responsabilidad, identificando a qué gestión corresponde.

«En principio tendrán mayor énfasis hacia dos gerencias, en base al informe de la Contraloría, la Gerencia Financiera y Administrativa, que contempla observaciones en las direcciones de Contabilidad e Inversiones y la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que contempla observaciones en las direcciones de Mantenimiento y Servicios Administrativos», según el informe oficial.

De acuerdo a estimaciones de la alta gerencia, las irregularidades detectadas van desde retención de documentos, facturas que ya contaban con certificación presupuestaria que luego se les desobliga y otorga a otra empresa para procesar el trámite de pago.

Así también, en la Dirección de Aporte Obrero Patronal existen aproximadamente 48 mil certificados de deudas que nunca se tramitaron, para cobro a los empleadores, «necesitamos la auditoría, será un trabajo minucioso y complejo por todo lo que implica, pero el trabajo se hará» finalizó.

El viernes el IPS ya comunicó a la Fiscalía el informe de la Contraloría para que inicien el proceso de investigación y si efectivamente existe un hecho punible, proceder a la denuncia penal.

A su vez, legisladores de la oposición, presentaron denuncia penal por lesión de confianza, estafa y asociación criminal, quienes presumen que el combustible fue utilizado durante la campaña proselitista previa a los comicios generales de abril pasado.

Antecedentes

La Contraloría detectó un feroz despilfarro en IPS con el rubro combustible. Sin embargo, se limitó a hacer recomendaciones a la previsional y no realizó una denuncia ante la Fiscalía para una investigación penal, ya que solo habla de falta administrativa.

Según el documento emitido por el órgano contralor a cargo de Camilo Benítez, las autoridades del Instituto de Previsión Social deberán:

Las autoridades del IPS deberán articular las acciones que correspondan a efectos de concordar los convenios con las disposiciones presupuestarias. Asimismo, el impulso de una investigación interna a los efectos de deslindar responsabilidades, individualizar al o los responsables de las posibles faltas detectadas y en su caso imponer las sanciones que resulten aplicables.