Retamozo, de esta forma, se convirtió en juez y parte, con el respaldo de sus colegas del órgano juzgador que respaldaron su propuesta.

“Para entrar en contexto, quiero señalar que cuando ejercía la presidencia de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, en el periodo 2018-2020, luego de ordenar la intervención de varias terminales portuarias de la República y tener suficientes evidencias de la perpetración de hechos punibles graves en detrimento del patrimonio público, en atención y en cumplimiento de la obligación de denuncia del artículo 286 del código Procesal Penal, el 24 de octubre del año 2018, he formulado denuncia ante el Ministerio Público contra personas innominadas por la supuesta comisión de los hechos de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y exacción”, explicó Retamozo en la sesión de ayer al solicitar enjuiciar al fiscal.

“Dicha denuncia, que tuvo amplia repercusión periodística y social de la época por la implicancia de buscar la búsqueda de transparentar la institución pública que estaba siendo perjudicada patrimonialmente por los mismos funcionarios encargados de velar por los bines institucionales”, agregó.

Dijo que el 22 de febrero de 2019, “he ampliado la denuncia, y remití todas las evidencias y nóminas de funcionarios encargados de las recaudaciones en las terminales portuarias, específicamente de Pedro Juan Caballero y Villeta y sobre quienes recaían las sospechas fundadas”.

Dijo que la auditoría realizada a los años 2017, 2018 detectó perjuicio por G. 5.000 millones.

“Si el agente fiscal donde recayó esta denuncia ampliaba su investigación, llegaría a los G. 10 mil millones. En estos 4 años y 8 meses transcurrido desde la denuncia inicial, octubre de 2018, no se ha tenido ni una persona imputada por estos hechos gravísimos en perjuicio de un ente público. Tampoco se ha tenido conocimiento cierto de que la denuncia sea desestimada o haya tenido otra salida procesal prevista en el Código por lo que es sumamente preocupante la situación planteada, puesto que los hechos punibles denunciados, según el tipo legal, tienen una expectativa de pena que van hasta cinco años o multa. Por lo que, a los efectos de la prescripción, solo se tiene en consideración el tipo legal que está próximo a vencer y que de producirse causará un perjuicio irreparable a la institución y dejará impune a los funcionarios responsables, lo cual es muy grave y todo por la inacción del fiscal que desde un principio tuvo a su cargo la causa y me refiero al fiscal Luis Said”, apunto el senador.

El enjuiciamiento propuesto por Retamozo fue respaldado por el ministro de la Corte, César Garay, quien incluso pidió la suspensión de Said en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, esto no prosperó ya que Oscar Paciello, Alfredo Enrique Kronawetter, Hernán Rivas, Hermelinda Alvarenga y Rodrigo Blanco, solo apoyaron el enjuiciamiento de Said y no la suspensión.

INVESTIGACIÓN A POLÍTICOS

Said es el fiscal que actualmente sostiene la acusación, en juicio oral, contra el exgobernador y exdiputado Oscar Núñez (hermano del senador electo Basilio Núñez) por un perjuicio de G. 55 mil millones a la gobernación de Presidente Hayes. En este caso, todos los testigos corroboraron la acusación del Ministerio Público.

Said también logró la condena al exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, entre otros sonados casos que maneja el agente del Ministerio Público.

Por otro lado, se cuestiona que la causa haya sido impulsada por Retamozo, considerando que el mismo fue el que presentó la denuncia ante la Fiscalía cuando era director de ANNP.