Luego de la determinación del juez Humberto Otazú que dispuso que Santiago Peña cumpla prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP) tras ser destituido como presidente de la República por su vínculo con ueno bank, el coronel José Dayub, comandante del REP señaló que, según lo establecido en el oficio del magistrado, el ex mandatario se encuentra con libre comunicación y por eso recibe visitas y utiliza el teléfono celular.
La posibilidad de seguir comunicado fue interpretada por varias figuras de la política y la justicia como un privilegio y se manifestaron al respecto, exigiendo que se corrija la situación.
La senadora opositora Esperanza Martínez señaló, a través de la red social X, que recibió la denuncia de que el presidente recientemente destituido vía juicio político mantenía el acceso al dispositivo móvil y tenía libre comunicación desde su lugar de reclusión.
“Esto, además de ser un privilegio inadmisible, podría comprometer la investigación y permitirle acceder a sus bienes y cuentas”, manifestó la parlamentaria, quien señaló que puso esa denuncia en conocimiento del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y le solicitó que verifique los hechos y adopte las medidas necesarias.
“El Poder Judicial y la Fiscalía son responsables de esto. Santiago Peña debe estar sometido a los mismos controles que cualquier otra persona privada de su libertad”, expresó la senadora, a la par de destacar que es fundamental proteger las pruebas y evitar “posibles movimientos de bienes”, además de garantizar una “investigación sin interferencias”.
A su turno, el senador opositor Rafael Filizzola expresó que el REP no es un lugar de reclusión y por esa razón no está preparado para evitar que Peña pueda comunicarse con “cómplices”, “destruir evidencias” o incluso “ocultas bienes”.
“Mucho privilegio. ¿Lo hicieron a propósito? Además, era el grupo que se ocupaba de su seguridad hasta hace poco, él les puso en sus cargos. Si es por su integridad física le podrían haber enviado a Viñas Cué donde sí existen protocolos de seguridad”; escribió Filizzola en una publicación hecha en la misma red social.
El parlamentario afirmó que esta situación se asemeja a “cuando le enviaron a Pablo Escobar a su prisión privada”.
Filizzola agregó que no cree que el problema de seguridad de Peña en una penitenciaría común sea estar expuesto al crimen organizado, sino más bien el ex mandatario estaría preocupado “por las millones de personas a las que les robó todo lo que tenían”.
En el ámbito judicial, la abogada Alejandra Peralta Merlo se manifestó al respecto y señaló que no existe causal legal de “falta de seguridad del establecimiento penitenciario” en la decisión del juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos y Corrupción, Humberto Otazú, que está a cargo del caso de Peña, sino más bien, invocó información sensible, no una norma que prohíba que ex presidente vaya a cárceles comunes.
En ese sentido, manifestó que el Ministerio Público puede solicitar en cualquier momento el traslado de Peña a un establecimiento penitenciario y que él no está “atado” al REP.
La abogada también citó que el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, declaró que conferencia de prensa que el sistema penitenciario está preparado para recibir ““cualquier tipo de perfil de persona privada de su libertad”, lo que incluye a Peña y por lo tanto, el juez “ya no tiene excusas”.
Asimismo, Peralta Merlo explicó que la “libre comunicación” se trata de un derecho constitucional que no significa que uno pueda usar el celular libremente.
“En las cárceles eso está prohibido (en papeles por lo menos). Por lo tanto, la interpretación que hizo el comandante del REP de darle celular, tablet, computadoras o lo que se le antoje para comunicarse es incorrecto. Que alguien le avise por favor”, manifestó.
La abogada insistió en que Peña está recibiendo un trato diferencial y citó como ejemplo la habitación común en un cuartel militar, visitas en cualquier momento y celular, mientras que otro detenido común no tiene esas condiciones.
“La ley es igual para todos. O ¿necesitan otra manifestación para entenderlo? Ahora ¿delante del Poder Judicial?”, cuestionó la abogada.
En esa línea, la abogada Cecilia Pérez, ex ministra de Justicia, también cuestionó los privilegios de Peña.
“Violan el Código de Ejecución Penal. O acaso ¿el uso del teléfono no permite ejercer presión sobre testigos, obstruyendo la investigación?”, expresó Pérez a través de las redes sociales, a la par de cuestionar si el Regimiento Escolta “quiere ser cómplice” de frustración a la percusión penal al igual que el Poder Judicial.
Asimismo, afirmó que se debe “precautelar” la investigación y que es trabajo del juez de Garantías llevar eso adelante y citó que el juez de Ejecución debe monitorear las condiciones de reclusión.
“A estas alturas no es descabellado enviarlo al área de seguridad en Martín Mendoza o Minga Guazu, protegido e incomunicado”, aseveró la abogada.
