Los dos créditos fueron otorgados simultáneamente el 13 de mayo de 2024, según el acta fiscal. Los investigadores los mencionan entre los beneficios económicos y vínculos patrimoniales que Peña mantenía con Ueno durante su administración.
En ese periodo, el entonces presidente también tenía participación accionaria en Ueno Holding. De acuerdo con la imputación, poseía 6.144 acciones, declaradas por G. 6.144 millones, que representaban aproximadamente el 1,58 % del capital social de la compañía.
El documento señala que esas acciones formaron parte de su patrimonio durante el ejercicio de la Presidencia y fueron rescatadas mediante una reducción de capital realizada en marzo de 2025.
Además, los fiscales identificaron en su declaración patrimonial de 2023 un certificado de depósito de ahorro en Ueno por G. 2.400 millones y un bono de ITTI por G. 350 millones. Sumados a las acciones, sus activos financieros relacionados con el conglomerado alcanzaban G. 8.894 millones.
La hipótesis fiscal sostiene que Peña habría utilizado su posición institucional para promover decisiones sobre la colocación y permanencia de recursos públicos y previsionales en una entidad con la cual mantenía intereses económicos.
Los préstamos para su vivienda aparecen dentro de esa relación financiera. El acta no presenta su contratación, por sí sola, como un delito, sino como uno de los elementos que acompañan la atribución de administración en provecho propio y lesión de confianza en calidad de instigador.
Los investigadores también señalan que Peña continuó respaldando públicamente al banco pese a las observaciones técnicas sobre sus operaciones y situación patrimonial. Según la imputación, ese respaldo habría contribuido a mantener la confianza en la entidad y la permanencia de fondos estatales.
En la misma causa, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay y anteriormente presidente de Financiera Ueno, es señalado por no haber actuado oportunamente ante las advertencias de los órganos de supervisión.
Para los fiscales, la vinculación económica de Peña con el grupo y las omisiones atribuidas a Carvallo forman parte de los hechos que permitieron que Ueno continuara operando y captando recursos pese a las irregularidades detectadas.
