En el acta de imputación, los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez describen la evolución patrimonial de Peña y sus inversiones en empresas del grupo para sostener que, durante el ejercicio de la Presidencia, habría intervenido en decisiones sobre fondos públicos en beneficio de una entidad con la que mantenía intereses económicos.
La declaración jurada tomada como referencia fue presentada ante la Contraloría General de la República el 31 de agosto de 2023, dieciséis días después de su asunción presidencial, y consignaba un patrimonio neto de G. 23.024 millones, que los investigadores comparan con el declarado en 2017, cuando dejó de ejercer como ministro de Hacienda.
El documento sitúa el inicio de su participación accionaria en marzo de 2019, cuando habría adquirido 1.500 acciones preferidas clase K de Credicentro S.A.E.C.A., posteriormente Ueno Holding S.A.E.C.A., por G. 1.500 millones, mientras que para 2023 su declaración ya incluía 6.144 acciones de Ueno Holding, valoradas en G. 6.144 millones y equivalentes aproximadamente al 1,58 % del capital social de la compañía.
A esas acciones se sumaban un certificado de depósito de ahorro en Ueno por G. 2.400 millones y un bono de ITTI por G. 350 millones, con lo que sus activos financieros relacionados con el conglomerado alcanzaban G. 8.894 millones, de acuerdo con el detalle incorporado por los fiscales.
La participación accionaria habría permanecido en su patrimonio durante el ejercicio de la Presidencia hasta marzo de 2025, cuando se realizó el rescate mediante una reducción de capital, por lo que los investigadores ubican parte de las decisiones y actuaciones cuestionadas dentro del periodo en que Peña todavía era accionista.
Durante ese tiempo, Ueno obtuvo su licencia bancaria, el 22 de noviembre de 2023, y posteriormente la autorización para absorber Visión Banco, el 27 de mayo de 2024, procesos que el acta menciona dentro de la expansión de la entidad y del incremento de los recursos públicos y previsionales colocados en ella.
La relación financiera del entonces mandatario con el banco también comprendía dos préstamos otorgados simultáneamente el 13 de mayo de 2024 por un total de G. 3.548 millones, destinados, según la imputación, a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino, con cuotas mensuales de G. 239 millones que los fiscales señalan como equivalentes a seis veces su remuneración presidencial.
Para el Ministerio Público, esos antecedentes permiten describir los intereses económicos y beneficios que Peña mantenía en relación con Ueno, mientras la hipótesis sobre su conducta sostiene que habría utilizado el cargo para promover o determinar decisiones de autoridades responsables de administrar y proteger recursos estatales y previsionales.
Los investigadores le atribuyen haber favorecido la colocación y permanencia de esos fondos en el banco, además de sostener públicamente la confianza en la entidad pese a las observaciones técnicas sobre excesos regulatorios, operaciones con empresas vinculadas y riesgos para su situación patrimonial.
El acta individualiza intervenciones públicas de Peña en octubre de 2024 y octubre de 2026, entre ellas una del 9 de octubre de este último año, cuando habría asegurado que Ueno no sería intervenido ni cerrado, y otra del 27 de octubre, cuando pidió calma y prudencia, seis días antes del inicio del procedimiento de resolución bancaria.
Según las cifras preliminares citadas en la imputación, al cierre de septiembre de 2026 los fondos de organismos y entidades del Estado depositados en Ueno ascendían a G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495, cuya afectación y eventual recuperación deberán determinarse por institución durante la investigación.
En la misma causa fue imputado Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay y anteriormente presidente de Financiera Ueno, a quien los fiscales atribuyen decisiones regulatorias y omisiones en la supervisión que habrían permitido que la entidad continuara operando pese a las advertencias internas.
