Rolón señaló que “hasta el momento no pienso renunciar, pero la dignidad tiene su costo”. Recordó que llegó al cargo “por la puerta grande” y que cuenta con “reconocimiento internacional”. Añadió que no está apegado a ningún puesto y que no es de quienes huyen en momentos de necesidad, aunque consideró que cuando “la gente llega a extremo es importante hablar entre todos los sectores y buscar la mejor solución”.

Sobre el caso Ueno, el fiscal general remarcó que “cada fiscal es autónomo e independiente”. Explicó que la tarea del Ministerio Público se limita a investigar y evaluar la información recolectada, mientras que corresponde al juez “decir el derecho” y al contralor llevar el tema a su claridad. Afirmó que el organismo “cumplió con las expectativas que nos otorga el Estado de Derecho” y que se realizaron las tareas previstas.

Consultado sobre el celular incautado al expresidente Santiago Peña, Rolón no confirmó si ya se encuentra en peritaje. Indicó que existen teléfonos bajo control del laboratorio forense del Ministerio Público, pero aclaró que él no toma posesión de esos elementos y que las respuestas puntuales corresponden al equipo operativo. Señaló que “soy el gran gerente, pero no estoy en el escenario del crimen” y que es probable que haya errores, cuya evaluación debe hacerse con quienes están en el operativo.

Respecto a fondos del Ministerio Público en Ueno Bank, respondió que “no tenemos fondos, no tenemos dinero”. Sobre plata de Itaipú e IPS en la entidad, indicó que “es un tema que tenemos que verificar”.

Rolón admitió dificultades en la institución y afirmó que no sabe “si alguna vez la Fiscalía tuvo credibilidad”, en medio de “muchos pescadores en ríos revueltos”. Señaló problemas presupuestarios y un panorama “negro” para quien pretenda gestionar con buena fe. Reiteró que su función es ejercer el derecho y que en momentos de crisis “hay que salvar esto y luego resolver lo que mejor es para la República”.

Las declaraciones se producen mientras en la Cámara de Diputados avanza la recolección de firmas para un libelo acusatorio que impulsa un juicio político contra el fiscal general, principalmente por la conducción de las investigaciones vinculadas al caso Ueno y a Santiago Peña.