-¿Por qué considera inconstitucional este proyecto?

“Nosotros rechazamos categóricamente, para nosotros es aberrante modificar eso porque la Defensa Pública tiene toda una estructura, tiene su salario, registro, vehículo y también el Artículo 17 de la Constitución Nacional es bien claro al respecto, dice justamente que el Estado le proveerá de un defensor gratuito en caso de no disponer de medios económicos para solventar. En este caso ellos quieren regular a los que tienen dinero, pero efectivamente ellos no están obligados a llevar un caso a los que tienen dinero, la Defensa Pública está para los de escasos recursos, lo que antes se llamaba como reos pobres”.

-¿Cómo cree que este proyecto de ley podría traducirse en deslealtad?

“Nosotros no tenemos un sueldo, no tenemos un equipo de oficina que el Estado nos pague, no tenemos secretarios, si queremos secretarios tendríamos que nosotros contratar, y todo eso es desleal para nosotros porque es difícil competir con una persona que el Estado le da todo. Puede llegar a pasar también: el defensor público le defiende a una persona a una persona y yo represento a la otra parte; pierde el defensor público y cómo yo lo voy a regular a ellos, es difícil regularle, el Estado es inembargable. Entonces ellos quieren regular a lo que ellos ganan y a los que tienen plata, es que no deberían ser ellos representantes porque la Constitución es clara al respecto, habla de personas de escasos recursos”.

“Hay un requisito para que ser representados por un defensor público, demostrar que no tenes dinero para solventar un abogado, pero acá últimamente ellos se meten ya en la parte de sucesiones de un patrimonio de una persona particular y que eso debería llevar un abogado litigante. En ese punto, nosotros creemos que eso es desleal que el Estado, que nosotros mismos de nuestros impuestos que estamos pagando, que se les paga a ellos y que puedan regular otra vez a ellos. Para nosotros va a ser ilegal, inconstitucional y desleal”.

-¿Qué pasaría si este proyecto se aprueba?

“Nosotros vamos a plantear una acción de inconstitucionalidad, porque va a violar si se aprueba en el Congreso, se va violar el artículo 17 de la Constitución Nacional y para nosotros es claro y vamos a plantear como gremio, por eso nosotros pedimos una audiencia pública para debatir lo que se pretende”.

“Ellos copiaron de un proyecto que se aprobó en Salta, Argentina, pero en Salta tienen otra legislación, pero es igualito, copiado”.

-Recientemente el Defensor General defendió que esta modificación permitirá obtener una fuente propia de ingresos para la institución. ¿Qué opina de eso?

“Ellos no pueden justificar con eso, para violar un artículo de la Constitución Nacional, para eso ellos tienen un presupuesto y ellos quieren justamente decir que no les alcanza y más; no, ellos quieren regular, no sé para qué gasto, pero no podés violar un artículo de Constitución justificando eso. Para mí es grave, no podés justificar una cosa para violar un artículo de la Constitución Nacional”.

-De aprobarse, ¿podría afectar el acceso al trabajo de los abogados litigantes?

“Va a afectar porque ellos mismos quieren regular y hablan de regular a los que tienen dinero, que tienen poder económico y ahí ya están violando la Constitución. Entonces, todo el mundo va a ir a la Defensoría Pública nomás y de acuerdo a eso nomás ya va a regular y quiénes van a agarrar todos los casos, la Defensoría Pública. Para eso estamos nosotros los abogados litigantes; ellos son aparte, pagados por el Estado, nosotros litigantes y vivimos de nuestro honorario de litigar cada causa”.

“Nunca se llamó a un Colegio de Abogados para que seamos partícipes, para que podamos debatir el proyecto. Para nosotros es inviable porque atenta contra la Constitución. Por eso nosotros pedimos una audiencia pública para dar nuestra versión y qué artículo se va a violar y que es casi casi clonado de la ley de Salta”.

El Observador